Tragedia en Santa Elena, exigimos una pronta investigación y justicia para los obreros afectados

En horas de la mañana de hoy miércoles 20 de septiembre, un impactante accidente en la construcción de un edificio en la colonia Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, terminó con la vida de al menos un obrero de la construcción y lesionó a 12 más, según información preliminar vertida en Redes Sociales. 

Según videos publicados en redes sociales, por los mismos trabajadores de la construcción, se puede ver el momento exacto, cuando un muro de 6 metros de alto y 25 metros de largo se desplomó, impactando sobre los andamios de acero de la construcción y dejando soterrados a los trabajadores que se encontraban en el área.

Por ahora, es difícil determinar si el accidente fue realmente eso o un acto de negligencia que suele ser común en las grandes construcciones, debido a muy denunciada precariedad de las medidas de seguridad de las empresas constructoras, que buscan a toda costa reducir los costos de producción, pagando bajos salarios, ahorrándose implementos de seguridad y análisis de riesgos. Todo es posible en la vorágine capitalista de las grandes empresas. 

Por ejemplo, una nota del Diario Colatino revelaba que según el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, del 1 de enero al 14 de diciembre de 2019, se registraron 28,861 casos de derechohabientes atendidos a causa de accidentes laborales. Entre estos están los 5 fallecidos en la avenida Olímpica en 2019, cuando una grúa se desplomó en una construcción en la colonia Flor Blanca de San Salvador. El ministro Rolando Castro, afirmó a través de su cuenta de Twitter que indagarían y deducirían responsabilidades sobre la empresa, hasta el sol de hoy no se sabe públicamente que medidas tomaron sobre este hecho.  Por alguna razón beneficiosa, para las empresas y el gobierno es difícil encontrar cifras actualizadas sobre accidentes laborales. 

Aún así, podemos encontrar hechos concretos que se escapan de la censura mediática, como la muerte de un trabajador en la construcción de la Plaza Milenium en San Salvador en 2021. Donde también, el ministro Rolando Castro, se comprometió a indagar sobre el asunto y suspendió temporalmente la construcción. Si revisamos más la historia de cómo los obreros de la construcción ofrendan su vida para ganarse el pan, seguiremos encontrando más y peores casos de «accidentes» donde el Estado se muestra como un cómplice de los intereses voraces de las grandes constructoras del país, pues estos quedan en impunidad. 

El incidente de esta mañana, que ha sido tendencia en las RRSS ha generado más controversia y furia, al revelarse que, por órdenes de la empresa constructora, le fue negada la entrada al recinto al personal de rescate en el momento del incidente, en horas de la tarde se conoció que este personal fue arrestado. El negarse a abrir las puertas a personal médico de rescate es algo que no es nuevo, también pasó en Plaza Milenium en 2021. Para los empresarios es preferible perder vidas que procurar la atención inmediata, pues los ahorros que obtienen ante la impunidad estatal valen más que cualquier vida, no les conviene que estos casos salgan a la luz y tengan interés mediático. Lo mejor es «controlar» los daños internamente para reducir gastos, aunque esto se traduce en lugares de trabajo con mínimas medidas de seguridad que atentan contra la vida de los trabajadores. 

Por otro lado, es indignante como algunas instituciones del Estado utilizan la tragedia como una oportunidad para lucirse, específicamente la Policía Nacional Civil. En las redes, circulan videos de cómo la policía entra al recinto, donde poco falta escuchar la famosa marcha galáctica imperial a su paso. La policía se hacía acompañar con hasta 5 camarógrafos, contratados por el Estado para cubrir su entrada triunfal, en un acto verdaderamente reprochable.  

Lamentamos profundamente esta tragedia y la muerte de un obrero de la construcción y la afectación de otros 12 más, así mismo exigimos al Estado y principalmente al ministro de Trabajo, Rolando Castro, una pronta investigación sobre la empresa constructora, que según se ha informado es una subsidiaria de la Fiscalía General de la República. Que caiga todo el peso de la ley sobre estas grandes corporaciones que viven del trabajo del obrero. Por lo contrario, queda demostrado para las familias obreras algo que nosotros siempre hemos señalado: que el Estado en manos del gobierno actual, sigue siendo un instrumento del empresariado del país para oprimir a los más pobres, que ninguna institución vela por nuestra vida e intereses sino que al contrario, está en contra de nuestros intereses como trabajadores y oprimidos.

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