Sudáfrica contra Israel: El caso de genocidio de la CIJ expone la crisis del derecho internacional

El histórico caso de genocidio de Sudáfrica contra Israel ha atraído el apoyo de millones de personas de todo el mundo, desesperadas por ver el fin de los horrores en Gaza. La reputación internacional de Israel ha recibido un golpe del que quizá nunca se recupere. Pero también se está preparando un golpe para todo el edificio del derecho internacional, que es impotente para detener estas atrocidades.

Israel en juicio

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) es el tribunal más importante de las Naciones Unidas, que dirime los litigios entre sus 193 Estados miembros. Es, de hecho, lo más parecido a un “tribunal mundial”. A diferencia de la Corte Penal Internacional (CPI), que también tiene su sede en La Haya, la CIJ no procesa a individuos. Más bien, sus decisiones son “vinculantes” para las partes, aunque el tribunal no dispone de medios para hacer cumplir sus decisiones.

En una demanda presentada el 28 de diciembre, Sudáfrica alega que el Estado de Israel ha cometido o permitido que se cometan actos que infringen la “Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio”, redactada en 1948 en respuesta a los horrores del Holocausto.

El objetivo de la audiencia de la semana pasada no era decidir si Israel está cometiendo un genocidio en Palestina. Es probable que esa cuestión quede en el tintero durante años. En su lugar, se ha pedido al tribunal que dicte “medidas provisionales”, destinadas a impedir que los palestinos de Gaza sigan sufriendo “daños irreparables”.

La importancia de este caso, y de las partes implicadas, es inmediatamente reconocible. La mayoría negra de Sudáfrica ha sufrido siglos de desposesión, esclavitud y opresión colonial, y su actual gobierno llegó al poder como resultado de la derrota del brutal régimen del Apartheid por un movimiento revolucionario de la clase trabajadora negra.

El Estado de Israel se creó en 1948, tras el exterminio genocida de 6 millones de judíos en el Holocausto. Desde entonces, ha ampliado su territorio mediante el despojo violento de tierras palestinas. El pueblo palestino se ha visto obligado a vivir en enclaves cada vez más pequeños, sometidos constantemente a la ocupación militar, el bloqueo y los bombardeos de las Fuerzas de “Defensa” israelíes. Esta brutal opresión ha suscitado incluso comparaciones directas con el Apartheid sudafricano, que Israel apoyó durante toda su existencia.

Este caso también representa una inmensa vergüenza para los autoproclamados defensores del “orden mundial basado en normas” liberal, que han tratado de unir a todo el mundo contra el “genocidio” y los “crímenes contra la humanidad” supuestamente perpetrados por Rusia en Ucrania, sólo para respaldar con armas y financiación la matanza de decenas de miles de personas y el desplazamiento de casi toda la población de 2 millones de personas en Gaza.

No es de extrañar, por tanto, que Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Alemania hayan rechazado indignados el caso de Sudáfrica por “carecer por completo de fundamento”. Y como para subrayar este punto, los principales medios de comunicación occidentales, como la BBC y la CNN, no emitieron ninguna de las alegaciones de Sudáfrica en la vista, aunque se aseguraron de transmitir la respuesta de Israel al día siguiente.

El gobierno alemán ha anunciado incluso que tiene la intención de intervenir en la audiencia final sobre el genocidio como “tercera parte”, alegando que, al haber llevado a cabo el genocidio más infame de la historia, ahora tiene una autoridad moral especial en la materia. A esta asombrosa arrogancia se ha enfrentado Namibia, antigua colonia de Alemania, que ha condenado la “escandalosa decisión” de intervenir y ha recordado al mundo que Alemania cometió otro genocidio en su suelo entre 1904 y 1908.

Profundización de la división

El caso ha ahondado, por tanto, la división entre las antiguas potencias coloniales de Occidente y el resto del mundo. Basta con echar un vistazo a la lista de países que han dado públicamente su apoyo a la solicitud de Sudáfrica (la Liga Árabe, Bolivia, Colombia, Cuba, Brasil, Pakistán… la lista continúa), y al puñado que se ha manifestado en apoyo de Israel, para ver que este caso se ha convertido de hecho en una batalla política sobre los crímenes y la hipocresía del propio imperialismo occidental. El único resultado posible, independientemente de la sentencia del tribunal, será un mayor aislamiento de Estados Unidos y sus aliados.

El gobierno sudafricano del ANC tiene sin duda sus propias razones para proyectarse como el principal defensor de los derechos palestinos, tanto dentro como fuera del país, y hay que decir que llevar a Israel ante un tribunal internacional sin dientes está muy lejos de lo que realmente se necesita para apoyar la lucha palestina por la libertad.

No obstante, el caso ha supuesto un rayo de esperanza para millones de personas de todo el mundo, que han protestado en masa contra la implicación de sus propios gobiernos en la matanza. El “Palacio de la Paz”, donde tiene su sede el tribunal, estaba rodeado por miles de manifestantes, que recibieron con vítores las alegaciones de Sudáfrica.

Durante meses, quienes apoyan la lucha por la libertad de Palestina han sido atacados como antisemitas y simpatizantes del terrorismo. Algunos incluso han sido detenidos. Es comprensible que ver a Israel sometido a juicio les haya dado cierta sensación de reivindicación.

Actos genocidas

En la vista del 10 de enero, el equipo jurídico sudafricano expuso los tres elementos básicos de su caso. En primer lugar, argumentaron que Israel está cometiendo actos que entran dentro de los términos de la Convención sobre el Genocidio, como matar a miembros de un grupo, causarles daño o crear condiciones calculadas para provocar su destrucción física.

En apoyo de este argumento, los defensores de Sudáfrica ofrecieron una imagen concisa pero espeluznante del “infierno en vida” en que se ha convertido Gaza. Ha sido objeto de “una de las campañas de bombardeos convencionales más intensas de la historia de la guerra moderna”, con el uso de 6.000 bombas a la semana, incluidas “bombas de caida libre” lanzadas sobre zonas residenciales. En el momento de la audiencia habían muerto 23.210 personas, de las cuales el 70% eran mujeres y niños. Miles más están desaparecidas, presuntamente muertas bajo los escombros.

El ataque de Israel ha hecho inhabitable toda Gaza. Se han destruido tantos edificios que “desde el espacio Gaza es ahora de otro color”.

Israel ha hecho imposible la distribución de ayuda médica, alimentos, agua y combustible dentro de Gaza, tanto restringiendo la entrada como destruyendo las carreteras hasta hacerlas intransitables. Las infraestructuras sanitarias han quedado destrozadas, dejando a las 60.000 personas mutiladas por las bombas israelíes en una situación desesperada. El tribunal escuchó informes nauseabundos sobre amputaciones y cesáreas practicadas en hospitales “apenas funcionales”, sin anestesia, en escenas “que parecen sacadas de una película de terror”. Por no hablar de la falta de saneamiento, con un aumento del 2.000% de los casos de diarrea entre los niños menores de cinco años, que se combina con la malnutrición rampante en un ciclo mortal de peste y hambruna.

Hasta el 93% de la población de Gaza se enfrenta a “niveles de hambre de crisis”, lo que constituye el 80% de todas las personas del mundo que se encuentran en tal situación. Los pocos camiones de ayuda que pueden acceder a Gaza son inmediatamente atacados por gente desesperada y hambrienta, como hemos podido ver en las imágenes. Las madres lactantes no pueden producir leche, por lo que mezclan preparados con agua contaminada o, lo que es cada vez más habitual, no dan nada a sus bebés.

De hecho, los expertos advierten de que “las muertes por inanición y riesgo de enfermedades están superando significativamente a las muertes por bombardeos”. Lo que significa que, aunque la guerra acabara mañana, más de 60.000 víctimas podrían ser ya inevitables. Y la guerra no terminará mañana.

Pero para que estos atroces actos constituyan genocidio, Sudáfrica debe demostrar que Israel intenta deliberadamente destruir “total o parcialmente” a un grupo nacional o étnico. En apoyo de este argumento, el equipo jurídico sudafricano expuso un “patrón calculado de conducta que indica una intención genocida” en relación con los palestinos de Gaza, que forman una parte significativa de la nación palestina.

Lejos de un silencio impuesto, Sudáfrica constató “la repetición del discurso genocida en todas las esferas del Estado de Israel”. Por ejemplo, el Primer Ministro Benjamin Netanyahu dijo a las tropas que se preparaban para entrar en Gaza: “recordad lo que Amalec os ha hecho”, en referencia a una historia en la que los antiguos israelitas reciben instrucciones de Dios de aniquilar a los vecinos amalecitas, hasta masacrar a sus mujeres, niños y ganado.

Se citaron imágenes en las redes sociales de soldados de las FDI pidiendo que Gaza fuera “borrada”, celebrando la destrucción de casas de civiles y burlándose del pueblo palestino. Se hizo referencia a políticos israelíes y a la prensa afirmando que “no hay inocentes” en Gaza; que “las mujeres embarazadas y los bebés también son enemigos”; y pidiendo ataques nucleares.

Más allá de las declaraciones explícitas de intención genocida, la solicitud de Sudáfrica también hacía referencia al bombardeo de zonas a las que el propio Israel había indicado a los civiles que se desplazaran como zonas “seguras”, y al hacinamiento de un inmenso número de personas en zonas claramente no aptas para la habitación humana, como indicios de la intención de destruir a los palestinos de Gaza como grupo.

Sin embargo, el objetivo de esta vista no era establecer si Israel había cometido de hecho actos genocidas, sino más bien si existía al menos un riesgo plausible de que estos actos pudieran tener lugar, lo que requería medidas urgentes para prevenir el genocidio.

La necesidad de estas medidas constituía el tercer elemento básico de la demanda de Sudáfrica: que sin la orden de medidas provisionales para detener la matanza de palestinos en Gaza y distribuir alimentos y ayuda, existía un riesgo urgente de que se les causara un daño irreparable.

En sus alegaciones, la abogada de Sudáfrica, Blinne Ní Ghrálaigh, no sólo señaló el hecho de que “sobre la base de las cifras actuales, una media de 247 palestinos están siendo asesinados y corren el riesgo de serlo cada día”; también se basó en decisiones anteriores del tribunal para mostrar que en otros casos de menor gravedad, como la invasión rusa de Georgia en 2008, la CIJ había ordenado medidas provisionales. Esto planteaba la pregunta con toda claridad: ¿estaría dispuesto el tribunal a tomar medidas cuando el Estado en cuestión es un aliado clave de Estados Unidos?

La respuesta de Israel

Al día siguiente, el equipo jurídico de Israel presentó su defensa.

Además de acusar a Sudáfrica de mantener “estrechas relaciones con Hamás”, como era de esperar, hicieron hincapié en el derecho de Israel a la autodefensa tras el 7 de octubre, y afirmaron que Israel, y no los palestinos, se enfrentaba a un acto genocida. En otras palabras, afirman que el Estado más fuertemente armado de la región se encuentra bajo la amenaza inmediata de destrucción por parte de militantes escondidos en una prisión al aire libre medio destruida.

De hecho, Israel quería comenzar sus alegaciones con la proyección de su conocida película sobre las atrocidades de Hamás el 7 de octubre. Cuando el tribunal se lo denegó, se hizo evidente que el equipo de defensa de Israel no tenía mucho más que decir.

Israel no negó la magnitud de la muerte y la destrucción en Gaza, pero, como era de esperar, echó la culpa a la utilización de supuestas “tácticas de escudo humano” por parte de Hamás. En realidad, con este argumento, el equipo de defensa israelí estaba admitiendo de hecho la destrucción intencionada de infraestructuras civiles y el asesinato de civiles palestinos como objetivos militares legítimos. Acuñaron una frase reveladora cuando afirmaron que miles de los muertos por Israel eran “civiles que participaban en las hostilidades”.

En cuanto a la destrucción de infraestructuras médicas, Israel citó las “abrumadoras pruebas de que Hamás utiliza los hospitales” como centros de mando: una afirmación repetidamente cuestionada, incluso por los aliados de Israel en Washington.

Sobre la cuestión de la intencionalidad, Israel se escudó en explicar las declaraciones genocidas de políticos, periodistas y soldados como simple retórica de guerra, dicha en el “calor del momento”. Presumiblemente, esto era sólo para “consumo interno”, y debería ser ignorado por el mundo exterior.

Las verdaderas intenciones de Israel, se dijo al tribunal, no se encontraban en las declaraciones públicas del Presidente y el Primer Ministro, ni en los objetivos explícitos de los mandos militares, ni siquiera en las palabras de los soldados que mataban. En cambio, la política de Israel se encontraba en las actas de una reunión del Gabinete de Guerra, en la que Netenyahu aparentemente dijo “debemos evitar un desastre humanitario”. No quedó constancia de si los presentes en la reunión se rieron o no.

En cualquier caso, argumentó el abogado defensor de Israel, no había necesidad de medidas provisionales, porque Israel ha “facilitado” la entrada de más ayuda en Gaza. La apocalíptica hambruna en Gaza es un incómodo resquicio en esta férrea defensa, pero Israel tiene una respuesta para todo lo que parece, y la respuesta es siempre la misma: ¡culpa de Hamás!

De hecho, la principal defensa de Israel no tiene nada que ver con las acusaciones planteadas por Sudáfrica. Más bien, Israel negó que la CIJ tuviera siquiera jurisdicción, porque “no había disputa” entre las partes.

Al parecer, Israel se ofreció a organizar una reunión diplomática para mantener un debate amistoso sobre el asunto, y Sudáfrica presentó bruscamente su demanda antes de que pudiera celebrarse dicha reunión. Por este motivo, Israel argumentó que Sudáfrica no había seguido el procedimiento correcto y que, por lo tanto, la CIJ no podía tomar ninguna decisión ni sobre el fondo del caso de genocidio ni sobre la cuestión de las medidas provisionales.

La defensa israelí puede resumirse así: “Si aniquilamos a la población palestina de Gaza, esto sería lo contrario de lo que pretendíamos que ocurriera, aunque de todos modos sería totalmente culpa de los palestinos, y estaría completamente justificado por el derecho de Israel a defenderse de Hamás, y en cualquier caso, ¡ustedes no tienen derecho a impedirlo!”.

Sin ilusiones

El panel de 17 jueces, incluidos dos añadidos por las propias partes, deliberará ahora durante varias semanas antes de tomar una decisión por mayoría. Una de sus principales preocupaciones será cómo preservar la reputación del tribunal, cuando cualquier decisión que tomen será políticamente explosiva.

En realidad, este caso representa una crisis para la CIJ y para todo el edificio del llamado “derecho internacional”. Rechazar la demanda de Sudáfrica en su totalidad supondría anunciar al mundo que un Estado puede masacrar a decenas de miles de personas inocentes de un único grupo étnico, todo ello sin que en opinión de la Corte exista siquiera un riesgo plausible de que se produzca un genocidio. En lugar de hacer respetable la guerra de Israel, simplemente convertiría a la CIJ en cómplice de los actos incalificables de Israel.

Incluso si el tribunal intentara escabullirse de tomar una decisión sobre el fondo del caso aceptando el espurio argumento de Israel de que el tribunal no tiene jurisdicción, esto se vería (correctamente) como un intento débil de evitar la responsabilidad. En efecto, sería un respaldo silencioso al desplazamiento forzoso y al asesinato de palestinos en Gaza.

La concesión de medidas provisionales, incluso por debajo de lo solicitado por Sudáfrica, equivaldría al reconocimiento oficial de que existe al menos un riesgo plausible de que se esté cometiendo genocidio contra los palestinos de Gaza, lo que hace estallar por completo la guerra propagandística de Israel, basada en la repetición constante de su “derecho a defenderse”.

Pero una orden de este tipo sólo serviría, en última instancia, para demostrar la total impotencia del tribunal. La ejecución de las decisiones de la CIJ se deja en manos de la propia ONU y, en concreto, del Consejo de Seguridad, del que tanto Estados Unidos como el Reino Unido son miembros permanentes con derecho de veto. Por tanto, cualquier medida ordenada contra Israel quedaría en papel mojado, al igual que todas las resoluciones de la ONU aprobadas contra la ocupación israelí.

Netanyahu dejó muy clara su postura cuando declaró a los periodistas: “Continuaremos la guerra en la Franja de Gaza hasta que alcancemos todos nuestros objetivos. La Haya y el eje del mal no nos detendrán”.

Por eso no podemos estar de acuerdo con la afirmación de la abogada sudafricana Adila Hassim de que “nada detendrá este sufrimiento, salvo una orden de este tribunal”. No podemos hacernos ilusiones en las instituciones del derecho internacional, que en última instancia no son más que una hoja de parra para las grandes potencias.

Si el destino de la población de Gaza depende de una orden de la CIJ, entonces está condenada. Sólo los trabajadores del mundo podemos detener la embestida de Israel, no apelando al imperialismo para que se contenga, sino dando todo el apoyo que podamos a la lucha revolucionaria de los palestinos por su patria, y luchando para derrocar al imperialismo en todas partes.

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