¿Quiénes deben administrar el agua en El Salvador?

La burguesía ha dado pasos en falso con la reforma a la ley de agua, creyendo que bajo tecnicismo legales la clase obrera no se daría cuenta de sus verdaderas intenciones, sin embargo, para los jóvenes y los trabajadores está claro que están impulsando una reforma que les permita controlar la administración de los recursos hídricos. Como respuesta los jóvenes y los trabajadores han salido a las calles a defender el agua como un bien común, este primer paso que han dado tiene una importancia vital para asegurar un desenlace favorable para la clase obrera. Se hace necesario que las movilizaciones estén acompañadas de un debate amplio del papel que juega el recurso hídrico para la vida económica y social de nuestro país, las deficiencias de distribución que actualmente sufre, y las alternativas revolucionarias por las que debemos luchar si queremos que el agua juegue un papel de potenciador de los niveles de vida de las masas.

Más allá del uso residencial los recursos hídricos también están destinados a abastecer al sector comercial, industrial, municipalidades, autónomas y al gobierno central, por ejemplo, un 32 % de la energía eléctrica es producida a través de presas hidroeléctricas, en el período de 1990 a 2010 la captación de agua que contabilizó ANDA fue de 184.2 a 341.4 millones de metros cúbicos, es decir un aumento de alrededor del 85.3 %. De la misma forma el acceso que los hogares han tenido de este recurso han ido variando, en el periodo de 2001 a 2006 un 76 % de los hogares salvadoreños contaban con acceso a servicios de abastecimiento de agua potable, en el periodo de 2007 a 2009 el 79 %, en 2010 el 83 % de los hogares, huelga decir que a pesar del aumento en la red de distribución esto no ha garantizado un servicio regular del recurso, y es precisamente sobre este punto en el que la burguesía se ha apoyado para impulsar su propuesta de privatización.

La diferencia de abastecimiento se ve más cruda si separamos a la ciudad del campo, en 2015 la entonces directora del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), Silvia Quiroa, aseguro que “las zonas rurales son la población que tienen menos acceso a una fuente de agua segura. El 23.7 % de estos hogares aún no dispone de agua segura para su consumo”, representando alrededor de 1,200,000 habitantes. Por otra parte, un 35% de la población rural debe recurrir a pequeñas cooperativas que le garantizan el servicio del recurso hídrico (en 2015 se contabilizaban que eran un poco más de 15,000 administradoras comunitarias de agua en todo el país), esto demuestra las limitantes que existen actualmente en ANDA, y es que, bajo un régimen capitalista es imposible que instituciones normales del Estado puedan garantizar el bienestar a la sociedad, de hecho muchos de los viejos funcionarios de estas entidades han estado envueltos en escándalos de favoritismos a empresarios o funcionarios estatales (no olvidemos la laguna artificial que descubrieron en una propiedad de Francisco Flores o el caso de Cesar Funes, ex presidente de ANDA, procesado por peculado, asociaciones ilícitas y lavado de dinero).

Sin embargo, las grandes empresas si han podido hacer uso de los mantos acuíferos a su antojo, empresas como Coca Cola que a través de embotelladoras subcontratadas han explotado hasta casi acabar pozos de agua como el de Nejapa. Se calculan que alrededor de 100,000 cajas de Coca Cola se producen diariamente consumiendo el 200 % de la capacidad anual total del acuífero contribuyendo a la crisis de estrés hídrico por la que atraviesa nuestro país, los trabajadores debemos poner en tela de juicio si basta con luchar por parar la reforma a la ley de aguas o debemos extender nuestra lucha por un verdadero sistema de distribución controlado directamente bajo control obrero.

Control obrero sobre los recursos hídricos

Los trabajadores y la juventud no podemos permitir que un recurso tan necesario para la vida corra el riesgo de agotarse o que se encuentre fuera de nuestro alcance, la distribución racional  y el cuido del agua no es factible bajo el control de los capitalistas ni de funcionarios de un Estado burgués, solamente nosotros podemos administrarlo de manera que lejos de generar ganancias para un pequeño grupo de empresarios sirva para solventar nuestras necesidades familiares y potencie  de manera eficaz nuestra economía, esto solo puede pasar por que seamos nosotros quienes tengamos el control real de la administración del agua.

Poder controlar este recurso pasa por que la administración del mismo sea democráticamente electa, la cual consideramos debe estar conformada por un tercio elegido por las comunidades -colonias, barrios o cantones-, un tercio elegido por los sindicatos para representar a los intereses de la clase obrera en su totalidad y un tercio por el gobierno. Este nuevo directorio debería responder directamente a los sectores que representa es decir, a la clase obrera y a los campesinos, a través de asambleas democráticas a nivel local y nacional, con delegados que puedan ser removidos en cualquier momento que crean conveniente aquellos que lo eligieron, su primer objetivo pasaría por hacer que el agua vuelva a ser un recurso orientado a garantizar el bienestar social antes que el interés de un pequeño grupo de empresarios.

Una de sus primeras tareas consistiría en establecer una manera racional de explotar y distribuir las diez regiones hidrográficas con las que cuenta nuestro país. Según un estudio reciente del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de los 360 ríos existentes en el país únicamente el 32% pueden ser catalogados como buenos, es decir que facilita el desarrollo de vida acuática, la mayoría de los ríos más importantes son usados como vertederos de las grandes empresas. Con el objetivo de salvaguardar nuestros recursos esta nueva administración debería ponerse en la tarea de obligar a las distintas empresas contaminantes a utilizar alternativas distintas para deshacerse de sus desperdicios, aquellas empresas que aleguen no poder cumplir con estos requisitos deben ser expropiadas inmediatamente por el Estado quien debería cumplir con este requisito, además deberá imponer impuestos más fuertes a las empresas que actualmente están explotando los recursos hídricos con un tope sobre los metros cúbicos que pueda extraer anualmente, orientando además parte de la extracción de agua al abastecimiento de las comunidades aledañas las 24 horas del día de manera obligatoria, si algún empresario amenaza con salir del país el Estado debe congelar inmediatamente los activos de estas empresas a fin de evitar fuga de capital, expropiarlas y ponerlas a funcionar bajo control obrero.

Es necesario que una administración revolucionaria luche contra el secreto comercial, ninguna empresa que explote nuestros recursos puede ocultar los fraudes cometidos al Estado o las ganancias reales que van a parar a los dueños de estas, al imponer impuestos más fuertes la nueva administración podría orientar este dinero a un desarrollo mayor de la red de distribución de agua así como el mejoramiento de los pozos extractores con los que ya se cuentan, un análisis estadístico exhaustivo permitiría llevar agua a aquellas zonas en las que no se cuenta.

Inmediatamente y por medio del ejemplo la nueva administración debe tratar de incorporar a las pequeñas cooperativas bajo un plan de extracción y distribución nacional del agua, es bien sabido que muchas de las cooperativas si cumplen con el abastecimiento las 24 horas del día a las comunidades pero lo hacen con un costo mayor de extracción que se ve reflejado en una tarifa mayor para el usuario, esta tarea es una de las más difíciles a las que se puede enfrentar una nueva administración, una buena parte de estas cooperativas únicamente buscan lucrarse del agua por lo que una parte de los gastos de la producción deben orientarse en la propaganda revolucionaria hacia las comunidades mediante asambleas barriales donde quede evidenciada la superioridad del control obrero sobre la distribución del agua.

Demostrando en la práctica las ventajas de la administración planificada del agua, los revolucionarios deben extender esta práctica al conjunto de las ramas productivas de nuestro país, por sí misma la administración del agua no puede funcionar, debe inmiscuirse toda la producción nacional para poder desarrollar todo su potencial, por lo que una administración obrera de los recursos hídricos debe realizar un llamado y lucha constante por la planificación económica de la sociedad.

¡Movilización de la clase obrera y la juventud para frenar la privatización!

¡Fuera los funcionarios deficientes!

¡Por una administración obrera de nuestros recursos!

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