21 noviembre, 2019

Ley de aguas: siete meses después de que la discusión se pospuso

La siguiente entrevista a Juan de la Cruz miembro de la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua y del BPJ fue realizada por estudiantes de la Universidad Dr. José Matías Delgado, de la carrera Administración de Empresas, aunque idealmente fue realizada con interés académico, creemos que la entrevista puede aportar información relevante  sobre el contexto actual del debate sobre la legislación del agua, por tal motivo compartimos con ustedes este importante material.

1. ¿Cuál es el propósito bajo el cual se organiza la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua?

La Alianza es una articulación de organizaciones de carácter ambientalistas, feministas, estudiantiles, juveniles y sindicales que se organizan en contra de los intentos de la derecha en la Asamblea Legislativa por privatizar el agua, específicamente en el mes de junio del 2018. Ese año se intentó aprobar una Ley de Aguas propuesta en la legislatura 2014-2017 (Ley Integral de Aguas) impulsada por el entonces diputado Johnny Wright Sol, empresario cañero. Es ante esta amenaza que diversas organizaciones decidimos unirnos en un solo ente para detener la ofensiva de la derecha, incluyendo también al Foro Nacional del Agua un espacio de lucha social que vienen exigiendo una Ley General de Aguas con un contenido más comunitario que empresarial desde el año 2006. La Alianza a partir de entonces adquirió en la práctica, un carácter verdaderamente nacional con presencia territorial en casi todas las regiones principales del país.

2. ¿Por qué las organizaciones se opusieron a la privatización del agua?

En el país hemos soportado como pueblo diversos procesos de privatización. Hay que recalcar que las privatizaciones ejecutadas en los años 90’ no resolvieron los problemas de la clase trabajadora, al contrario, eso significó años más tarde el enriquecimiento de un grupo muy reducido de empresarios que se beneficiaron directamente, por ejemplo, con la venta de las telecomunicaciones, los bancos, la administración de la energía, del sistema de pensiones, entre otros servicios que en aquel momento estaban en manos del Estado. Se vendió la idea a la población que la administración pública era deficiente y que estos servicios al pasar a una administración privada serían además de eficientes, asequibles para la mayoría explotada. Pero la práctica es más concreta que lo que se nos vendió en la teoría, por ejemplo los créditos a los más pobres desaparecieron, las tasas de interés aumentaron, el precio de la energía subió paulatinamente y el sistema de pensiones colapsó a expensas del sistema privado;  no solo eso sino que también ahora está condenando a miles de personas a recibir una pensión miserable, mientras los empresarios que se quedaron con estos activos del Estado aumentaron sus ganancias significativamente.

No es difícil a partir de estos ejemplos, concluir que una posible privatización del agua no solo no resolvería los problemas de abastecimiento y saneamiento del agua, sino que haría más ricos a los ricos (empresarios nacionales y transnacionales) y aumentaría los niveles de desigualdad y precariedad de los más pobres, por estos argumentos es que las organizaciones sociales nos oponemos rotundamente a la privatización del vital líquido.

3. ¿Considera usted que las intenciones de privatizar el agua alrededor de una Ley de Aguas volverán a expresarse en la Asamblea Legislativa?

Sí, absolutamente que sí porque esto es un mandato de las transnacionales y el Estado obedece estos lineamientos a través de acuerdos comerciales internacionales, ya ni tan siquiera es un problema nacional en el estricto sentido de la palabra, sino un problema que tiene que ver con la economía mundial. Hay una ofensiva en toda Latinoamérica por controlar todos los recursos naturales que le pertenecen al pueblo, por parte de las grandes transnacionales que responden a los intereses de los Estados Unidos. Los empresarios nacionales sacarán de esto una buena tajada, pero principalmente quien se beneficiaría de una ley privatizadora del vital líquido seria el capital extranjero quienes son realmente los que ansían controlar nuestros recursos. Por tanto la lucha social aún no termina, este debate continuará en la Asamblea Legislativa y en las calles, que es en última instancia donde se han detenido las intenciones privatizadoras.

En el órgano Legislativo ellos tienen la suficiente fuerza para aprobarla, pero no se atreven ya que sin duda generaría una convulsión social, por tanto, la correlación de fuerzas en las calles no es favorable al gran capital como si lo es para los intereses del pueblo. Las expresiones de esto fueron evidentes en junio del año pasado y en marzo de este año, por eso los diputados y diputadas, por ahora, han decidido engavetar la discusión la cual sin duda retomarán nuevamente con algún tipo de revestimiento “democrático” para engañar a las clases explotadas, sin embargo, eso no será tan fácil esta vez pues la gente está aprendiendo y sacando lecciones de todo lo que pasa con el capitalismo neoliberal en toda Latinoamérica, así que posiblemente se dará una batalla titánica por el agua en el futuro.

4. ¿Qué medidas considera usted que deben tomarse para solventar el problema del agua?

En primer lugar, la organización de las comunidades alrededor de las cuencas y microcuencas, alrededor de la defensa y la conservación del agua; principalmente debemos fomentar por todos los medios posibles la organización consciente del pueblo, esta es la única garantía que se tiene para que no se continúe expropiando un bien que es nuestro y que no debería tener altos precios como ocurre en la actualidad. Personalmente considero que la organización del pueblo es la estrategia que debemos continuar impulsando, que la gente a través de la discusión democrática en asambleas decida el uso y las prioridades del recurso hídrico, ¿por qué debemos dejar que otros administren lo que nos pertenece, si nosotros lo podemos hacer? muchas comunidades pequeñas y otros países nos muestran cómo se hace y no significa un problema complejo para ellos.

En segundo lugar, se necesita un marco legal que priorice el uso de agua para el consumo humano, que ratifique los convenios internacionales de Naciones Unidas, donde se pide que el agua debe ser un derecho humano expresado en la Constitución de la República, y que a partir de este mandato tengamos una Ley de Aguas de carácter público y comunitario.

Tercero, debemos crear un pliego tarifario regido por la Ley en el cual la industria que utilice el agua para sus actividades empresariales  no contaminantes tenga que pagar más impuestos por el agua, este dinero debe servir para aumentar la cobertura del vital líquido y el saneamiento de esta.

5. Chile es el único país que ha privatizado el agua llegando al grado de que este vital líquido es comercializado de manera ilegal ¿Piensa usted que podría ocurrir lo mismo en nuestro país si dicho recurso se privatizara?

Ya está ocurriendo, lo que sucede en nuestro país es una expropiación abusiva del agua por parte de las empresas cañeras, constructoras y embotelladoras; las tarifas son risibles y en algunos casos hay perforaciones de pozos de agua que no están siendo controlados por la entidad estatal encargada, los impuestos por estas actividades no están llegando a manos del Estado. El actual marco legal sobre el cual se rige el uso del agua, es totalmente injusto porque prioriza los intereses de las grandes empresas antes que los intereses de los más pobres.

6. ¿Qué problemas traería la privatización del agua?

Principalmente una profundización de la desigualdad social, sequías, conflictos en las comunidades y problemas en la salud de las mujeres y la niñez de escasos recursos. A menores niveles de igualdad, mayores niveles de violencia y delincuencia. Hay municipios enteros donde el problema del agua ha generado conflictividad social, eso es a un nivel micro, sin embargo, la situación puede tornarse más compleja en el país, especialmente para los sectores más desprotegidos y vulnerables.

7. ¿Qué actitud debe tener el gobierno actual ante dicha problemática?

La discusión está en manos de la Asamblea Legislativa, hoy por hoy no es punto de debate en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Ante esto el órgano Ejecutivo, no puede simplemente lavarse las manos y sentarse a esperar a ver qué hace el Legislativo, o mejor dicho qué no hace porque tienen siete meses desde que la discusión se pospuso. Los juristas y analistas políticos les gusta hablar, claro cuando les conviene, de la independencia de los tres poderes del Estado, sin embargo, ante una problemática tan seria no se puede mantener una posición neutral se debe actuar en favor de la gente más pobre, eso no lo está haciendo el Gobierno central y esto es así porque la actual gestión gubernamental está unido por uno y mil hilos a los intereses de las transnacionales y a las empresas nacionales, son en pocas palabras títeres de los negocios del empresariado local e internacional.

El Ejecutivo debería empezar a cumplir sus promesas de campaña, concretamente a buscar la manera que el tema del agua sea un debate público, donde todas las fuerza vivas de la sociedad puedan debatir las diferentes propuestas de Ley de Aguas. Eso sería no hacer lo que hacían “los mismos de siempre”, sin embargo, no vemos nada de esto y miles de familias padecen las graves consecuencias de la falta del agua en sus comunidades, mientras las empresas siguen teniendo ininterrumpidamente el recurso hídrico. Ningún poder del Estado se pronuncia por esto.

8. ¿Considera usted que el pueblo salvadoreño tiene el conocimiento suficiente sobre las leyes propuestas del agua?

No, en la sociedad que vivimos se coarta el derecho a participar en política, en primer lugar porque se nos impone una jornada laboral extenuante, lo que menos quieren hacer los trabajadores y trabajadoras al llegar a su casa es leer, escuchar o  investigar sobre una Ley de Aguas, solo hay una cierta capa más politizada que si lo hace, pero por ahora es una minoría. Viéndolo desde este punto, nos resulta lógico que la población se encuentre desinformada, ajena a la problemática.

Por otro lado, los grandes medios de comunicación realmente no informan a la población sobre los temas sociales, somos invadidos por noticias sin contenido y enfoque, por noticias falsas en las redes sociales o por publicidad de consumo de cosas irrelevantes; se “informa” de todo menos de lo que realmente nos afecta a las clases trabajadoras, sobre quiénes son los principales responsables de nuestra desgracia material.

Entonces, ¿puede ser posible que la gente esté informada sobre este tema? No, la gente siente el problema en su vida cotidiana cuando la esposa que trabaja en casa, se levanta en la madrugada a preparar la comida del esposo y la de sus hijos e hijas que van al colegio, y se encuentra que el agua no llega a través del grifo. La primera capa de la sociedad en sentir la injusticia al no tener agua en su residencia es la mujer y en segundo lugar, el esposo que pasa todo el tiempo fuera de casa en las fábricas. Pero solo cuando las condiciones son insoportables, cuando la paciencia se agota toman conciencia y deciden salir de sus casas para manifestarse y luchar contra esta injusticia; pero en un principio esperan que los funcionarios y funcionarias por las que votaron, los políticos, resuelvan sus problemas, de una forma natural agotan las instancias “democráticas”.

Por tanto la tarea de difusión, agitación y propaganda en la defensa del derecho humano al agua queda en principio en manos de las organizaciones sociales, de los sectores oprimidos, de los luchadores y luchadoras que ansiamos una sociedad justa y con equidad, que abogamos por los derechos colectivos ante los intereses empresariales de los más ricos, de aquellos que inculcamos conciencia de clase en los sectores más pobres con el propósito de brindar información que les permita desarrollar capacidad de análisis y crítica de su realidad encaminado a que reivindiquen y defiendan sus derechos humanos.

Es toda una guerra contra todo el aparato del Estado que protege y fomenta la propiedad privada, incluyendo también a los grandes medios de comunicación, que desde luego están al servicio del gran capital. Es una batalla ardua y dura, pero es una batalla que vale la pena darla desde todas las trincheras y con todos los medios posibles que tenemos a disposición como movimiento social organizado y articulado. En una analogía bíblica, es como la batalla entre David y Goliat por lo que es ya conocido quién ganó la batalla al final de esta historia.


Créditos a: Reyna Elizabeth García Alfaro
Johana Noemy Solórzano Gil
Carmen Elizabeth Villalobos Alfaro

Estudiantes de la Universidad Dr. José Matías Delgado

San Salvador, 20 de noviembre, 2019