17 febrero, 2020

La impunidad en el asesinato de Carla Ayala 2 años después

El tratamiento que se ha llevado a cabo para esclarecer y condenar el asesinato de la agente Carla Ayala, a la fecha, sigue siendo un completo insulto para la familia de la víctima y en mayor escala un grave atentado a la palabra “justicia”, la cual debería ser el eje principal de la institución conocida como Policía Nacional Civil (PNC), quien además de proceder de manera poco transparente demuestra la incapacidad de las instituciones burguesas de trabajar para la población.

Los sucesos que se hicieron del conocimiento público comienzan desde que Carla Ayala se dispone a regresar a su hogar luego de asistir a una fiesta navideña organizada por el GRP (Grupo de Reacción Policial), en donde un grupo de policías asumen la tarea de llevarla en una patrulla. En el transcurso del viaje acontece la privación de libertad hacia Carla Ayala, la agresión física por parte de Josué Castillo Arévalo, la inactividad de los demás agentes dentro de la patrulla y finalmente la negligencia de varios agentes al dejar escapar a Josué Castillo Arévalo con Carla Ayala herida, además del evidente desinterés por seguirlo/detenerlo. En resumen, a pesar de la simpleza e incredulidad de los hechos, estos fueron los acontecimientos la noche en que Carla Ayala es desaparecida y asesinada dentro de una patrulla de policía, un delito plagado de la irresponsabilidad y complicidad de agentes policiales tanto los que iban dentro de la patrulla así como los que se encargaron del proceso de intento de captura esa noche.

La PNC como sabemos, es una institución que nace de los Acuerdos de Paz firmados en 1992 la cual, según su ética   plasmada en el portal del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, estaría “regida por un verdadero espíritu de servicio a favor de la dignidad humana”.

Lo anterior solo queda de ornamenta, cuando nos detenemos a intentar explicar la lista de hechos que conforman el delito cometido por agentes de la PNC quienes teniendo la tarea de proteger y velar por la seguridad de la población, permiten y facilitan el asesinato hacia una de sus compañeras. Cabe destacar, que estos agentes eran miembros del Grupo de Reacción Policial, por sus siglas GRP, una agrupación bastante cuestionada no solo desde su protagonismo en la muerte de Carla Ayala, sino desde su historial relacionado con abusos de poder, corrupción y en el peor de los casos involucrados en episodios de torturas y desapariciones.

¿De qué manera la población podría sentir confianza ante semejante organismo que permite tales atrocidades a la dignidad humana? La maniobra más fácil de la que se valió la PNC ante el estallido de la población por exigir que se esclarezca el caso de la agente Ayala fue eliminar la GRP en primera instancia y someter a juicio a todos los involucrados tanto por su inoperancia como por encubrir y no declarar información veraz sobre los hechos.

Sin embargo a casi dos años esa decisión, un tanto tibia, está siendo cuestionada por la actual gestión que pretende volver a integrar a los cuerpos de la GRP en unidades de élite y ya no en simples delegaciones. Las preguntas que surgen ante semejantes actos de corrupción es ¿qué motiva a estos agentes a querer seguir actuando desde puestos de autoridad más altos? Y ¿cómo una institución como la PNC permite tantas irregularidades y graves faltas a la seguridad civil accediendo a tales decisiones? No es entonces extraño que la impunidad en torno al crimen cometido contra Carla Ayala haya sido tomado con tanta irresponsabilidad.

Desde la teoría marxista se expone que la justicia depende del modo de producción económico, un Estado Burgués sano, entre muchas cosas, es aquel donde la seguridad pública descansa en manos de cuerpos armados que responden a los intereses de la clase dominante por proteger la propiedad privada en el caso de El Salvador: ejército, UMO, PNC, etc. No es que solo con el presente crimen hacia Carla Ayala los cuerpos de seguridad muestren debilidades, si no que por la esencia de su creación jamás van a poder luchar eficazmente contra la delincuencia y violencia en general que afecta en mayor medida cotidianamente a la clase trabajadora.

La población no tendría que optar por militarizar más el sistema de seguridad, si en primera instancia no tuviesen que experimentar condiciones de vida precarias, pésima educación, falta de oportunidades, entre otras. Es decir, sí se necesita combatir la violencia pero también la que se ejerce a partir de una sociedad dividida en clases, que perpetua la decadencia de la vida humana y las sociedades en las que vivimos. Mientras la justicia esté sustentada en la moral burguesa los resultados siempre serán los mismos: impunidad (sobre todo para los estratos bajos de la población), desigualdad social, criminalización a jóvenes, corrupción y precariedad para la clase trabajadora; y cuando la población acumule este descontento luego de que el sistema les fallara solventando sus necesidades, no tendrán más alternativa que salir a las calles, es precisamente aquí donde la utilidad del aparato represivo mostrará su utilidad respondiendo a intereses de la clase burguesa y no para trabajar por la seguridad civil o el bienestar de la nación.

Estamos en un periodo en que el capitalismo comienza a desvanecer el aparente “orden” social que enarbolaba junto con la palabra “Libertad” y las contradicciones de clase son cada vez más obvias en el día a día, la única opción que nos queda es luchar de manera organizada, con consignas objetivas, y con métodos científicos que nos permitan exterminar gradualmente la barbarie de este sistema.