7 agosto, 2020

El sistema de salud y la pandemia: saturación de los hospitales

El primer caso de Covid-19 en El Salvador se dio a conocer el 18 de marzo del 2020 y desde entonces el sistema de salud del país y toda su población ha tenido que luchar contra esta pandemia y es por ello que analizaremos lo realizado hasta julio del 2020 por el MINSAL, dándole una explicación desde el punto de vista de la clase trabajadora, la que en realidad y de forma general esta en “primera fila” combatiendo contra dos virus enormes que son la Covid-19 y el capitalismo representado por los burgueses de el país .

El Salvador cuenta con 21,040.79 km2 y una población de 6.6 millones de habitantes con una densidad de 316 habitantes/km2. El 61% de la población vive en el área urbana y el 38.3% en el área rural con predominio de mujeres (52.9%) y jóvenes menores de 30 años (52.6%). Solo un 13.6% mayores de 60 años. La esperanza de vida al nacer para hombres es de 69 años y para mujeres de 70 años con un Índice de Desarrollo Humano de 0.667 ocupando la posición 124 de 189 países miembros de las Naciones Unidas. El PIB es de $26,057 millones y el ingreso percápita de $4,058. El 26% se considera en pobreza según capacidad adquisitiva y el 35.2% se consideran en pobreza multidimensional, en donde muchos tienen pocos ingresos y pocos tienes ingresos cuantiosos. El 40.9% de los hogares viven en condiciones de hacinamiento, el 97% cuenta con energía eléctrica, el 80% cuenta con agua por cañería intradomiciliar, aunque no les cae el agua por periodos mayores a un mes y solo el 37.5% de las viviendas están conectadas a alcantarillados para aguas residuales y aguas negras. El 10% de las viviendas tienen un índice larvario positivo para el mosquito transmisor del dengue, en algunas ciudades llega hasta el 22%.

A partir de los datos anteriores podemos ver como el Estado salvadoreño y la burguesía tienen en condiciones precarias a la mayoría de la población, a la mayoría de trabajadores y a la infraestructura hospitalaria a lo largo y ancho del país, sabemos que el nivel de infección es altísimo y que son más vulnerables las personas de la tercera edad y niños, pero según los datos quienes están más propensos son los trabajadores y sus familias, los pobres que tienen que salir a ganarse la vida día con día. Las muertes por enfermedades respiratorias tuvieron un aumento en el año 2019 lo que nos indica que el sistema de salud era ineficiente antes de la pandemia debido a que ha sido saqueado por distintas administraciones dejando sin medicamentos a miles de salvadoreños que morían en las camas oxidadas de los hospitales o, peor aún, en sus casas sin ninguna atención especializada.  

La estructura del sistema de salud está constituida por dos subsectores, el sector público y el privado. El sector público está conformado por: el Ministerio de Salud que es la autoridad rectora del sistema y además cubre un 70% de la población; el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) que tiene una cobertura del 27%; el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM) que cubre el 1.36%; el Comando de Sanidad Militar (COSAM) cubre el 1%; el Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD); y el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI) que es el único instituto público de rehabilitación que cubre a toda la población que no tenga aseguramiento.

Se podría tener la idea que la población salvadoreña tiene acceso a un buen sistema de salud, pero la realidad es que al acudir al mismo no se encuentra cobertura, no hay medicamentos, citas con esperas larguísimas las cuales muchas veces dan cabida al empeoramiento del paciente, etc. La realidad es que en el 2019 se contaba con 1.3 camas hospitalarias, 1.6 médicos y 2.3 enfermeras por cada 100,000 habitantes. El acceso real a los servicios de salud es del 62.4% en establecimientos del MINSAL, del 13.7% en el ISSS, del 4.4% en establecimientos del ISBM o de Sanidad Militar y del 19.3% en una clínica u hospital privado.

La administración de Nayib Bukele ha tenido que enfrentar la crisis sanitaria mundial más grande desde hace más de 100 años y junto con su gabinete de Salud prometieron mejorar el sistema de salud que encontraron en ruinas de manera que bajo su mandato no se iban a cometer actos ilícitos y de corrupción y así es como se empezó a darle la potestad al MINSAL para el manejo de la crisis, surgieron los famosos “cordones sanitarios» que establecían y limitaban la libre circulación de los pobladores para contener los contagios, se establecieron medidas económicas para que el bolsillo de los salvadoreños no se viera afectado pero no garantizaban que los trabajadores pudieran mantener sus trabajos actuales lo que los deja en un limbo laboral sin contar las miles de personas que trabajan en el sector informal que se verían con cero ingresos debido a la cuarentena que se establecía y que parecía de manera indefinida, el gobierno y el MINSAL no tenían un plan que de verdad protegiera a la clase trabajadora y los pobres de el país.

Conforme avanzaba la crisis las personas se empezaron a quejar de los centros de contención establecidos debido a que eran mezclados sin criterio claro y no garantizaban el estado de salud por falta de pruebas de Covid-19 sin embargo el MINSAL decía que tenía una gran cantidad de pruebas y que les estaban donando muchas más, pero en realidad a lo largo de la crisis esas pruebas solo han sido utilizadas para el “personal de primera fila» y para los funcionarios de gobierno ya que era tanto el deseo de detectarlos como positivos.

La reactivación económica presentada por distintos sectores de la Asamblea Legislativa e impulsada por la burguesía se puso en marcha y con ello el aumento de infectados que en su mayoría son trabajadores en condiciones de hambre lo que empujó al sistema de salud a colapsar después de 3 meses luego del primer caso detectado, esto es increíble porque en medio de la pandemia se gesta un conflicto entre dos partes de la burguesía salvadoreña lo que demuestra la incapacidad de los burgueses para controlar esta crisis que se ve reflejada en el Estado cuando el gobierno de Nayib vela por el bienestar de una parte de la burguesía manejando datos a su favor llenando de insuficiencias al sistema de salud completo. Por otro lado, los demás poderes del Estado que buscan el bienestar de la otra parte de los grandes empresarios. Como trabajadores debemos de identificar a los verdaderos parásitos: los ricos a los cuales no les importa la salud de los trabajadores y los funcionarios que legislan para estos y así convertir su voluntad en ley.

Mientras avanza la cuarentena las personas empezaron a decir “si me quedo en casa, me muero de hambre» en respuesta a esa campaña mediática de “yo me quedo en casa» cuando sabemos que el trabajador no tiene opción, además se puede resaltar que también decían “hoy en estos días no moriremos de Covid-19, sino más bien por falta de medicamentos y de consulta”, ya que el sistema de salud precario y en ruinas empezó a colapsar. El gobierno pone a disposición el número de emergencia y atención “132” pero las personas que llaman no son atendidas y en su mayoría son personas con padecimientos que los hacen más vulnerables al covid-19 y personas con síntomas de el mismo. Luego se empieza a decir que el número de pruebas que se hacen diariamente son los resultados que se dan ese mismo día por la noche, lo que es una total falacia dado que las personas que llamaban con síntomas eran atendidas 3 o 5 días después y hasta ese día les hacían la prueba, se tardaban otros 3 o 5 días para saber si tienen o no covid-19 cuando sabemos que en este periodo es muy probable que la persona contagie a otros o peor, que muera, entonces muchas personas empezaron a morir y mueren día a día en sus casas o en las afueras de los hospitales sin saber si fue por Covid-19; sin embargo, son enterrados con el protocolo de muerte por covid-19. Ante esta problemática es de primer orden que el MINSAL haga pruebas masivas en el grueso de la población trabajadora y desamparada para detectar casos asintomáticos que solo contagian más y propagan el virus y de esa forma potencialmente salvar a miles de personas.

No pasó mucho tiempo y empezaron a salir a luz casos de corrupción que venían desde la dirigencia del MINSAL entre los que resaltan el del 17 de Junio de 2020 en donde se contrató por $250 mil a una empresa de la cual es propietario  Jorge Aguilar entonces presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES); el 20 de Junio de 2020 se implicó  en una venta irregular de insumos médicos al viceministro de Ingresos José Alejandro Zelaya Villalobo, la empresa SYOM Asesores S.A de C.V, de la cual es dueño y fundador Zelaya que le fue adjudicado un contrato por $750 mil; También un nuevo señalamiento se sumó el pasado 10 de Julio en donde el MINSAL pagó $225 mil a una empresa de familiares de Francisco Alabí en concepto de botas de hule, la compañía se dedicaba a la venta de repuestos para vehículos, entre muchos más.

Todas estas autorizaciones se realizaron, mientras estaba vigente la Ley de Estado de Emergencia aprobada por la Asamblea Legislativa, la cual le permitía al Gobierno saltarse la Ley de Contrataciones y Adquisiciones de la Administración Pública (Lacap). Ese procedimiento, que sustituye a la referida ley, estuvo vigente hasta el 16 de mayo, cuando el Órgano Legislativo decidió no renovar la declaratoria de Emergencia. Desde entonces, el gobierno del presidente Bukele ha intentado saltarse a la Asamblea con decretos ejecutivos que le permitan activar procesos de compra expeditos. La corrupción sigue dándose y en medio de una pandemia, el MINSAL no vela por los trabajadores si no por el beneficio de su gobierno y una parte de la empresa privada, los trabajadores de la salud se contagian y mueren por falta de equipos de bioseguridad a pesar de que día a día vemos campañas que dicen que están ayudando al personal con insumos, pero no es más que maquillaje. Como trabajador debes de organizarte para combatir al verdadero virus que es el capitalismo que se manifiesta en la corrupción de los gobiernos, en este caso en el mismo MINSAL, que es controlado por la burguesía asesina.