Hablar del acceso al agua en El Salvador, es hablar de una lucha constante entre las personas más pobres y desprotegidas por el Estado y las grandes empresas constructoras, cañeras y embotelladoras; empresas protegidas con una y mil leyes por el sistema. El desabastecimiento de agua potable es una realidad que cualquiera puede comprobar. Son pocos los grupos sociales que tienen acceso al agua, y todavía mucho más reducido es el grupo social que realmente puede consumir agua potable.
Todo esto tiene que ver con la capacidad de consumo de cada grupo, en palabras simples, de quien tiene la capacidad de comprarse verdaderamente potable. Durante la crisis del agua, en enero pasado, quedó establecido que realmente la gran mayoría de la población no tiene acceso al agua potable; lo cual es una violación a un derecho humano reconocido a nivel internacional por la Organización de Nacionales Unidas. Y lo que evidencia también dos cosas: 1. Que el Estado actual es incapaz de brindar un derecho fundamental para la vida a la mayoría de sus ciudadanos y 2. Que por lo tanto, pone en riesgo la salud y vida de millones de personas.
La constante amenaza de epidemias y su propagación por el mundo, como el Zika, la Chicungunya y el Coronavirus recientemente, ponen en evidencia la necesidad de un abastecimiento adecuado de agua potable, esto hoy se vuelve una necesidad mucho más acuciante. De todos y todas es sabido que las formas efectivas de evitar el contagio de virus letales para nuestra salud es la higiene, pero la higiene, es prácticamente imposible sin el abastecimiento de agua en nuestros hogares.
El azote de una epidemia tan difícil de tratar, como el Coronavirus, que ahora mismo está haciendo desastres en países desarrollados, donde el acceso al agua es casi gratuito, preguntémonos ¿qué podría pasar en nuestros países donde el abastecimiento de agua es totalmente deficiente y el agua que se distribuye, que es muy poca, no es potable? No es difícil concluir que corremos un grave peligro y que el gobierno y todos los funcionarios del Estado deberían de legislar en función de las grandes necesidades de los más desprotegidos en estos momentos.
Durante años hemos sido víctimas de muchos virus, enfermedades que año con año se llevan vidas inocentes de niños y niñas. Esto no es un castigo divino que cae sobre los más pobres por pecadores, ni es una designio del destino, esto es el resultado de una acumulación de los bienes naturales que nos da la tierra como el agua, pero que esta está día con día secuestrada por intereses comerciales, por industrias que hacen millones de dólares a diario de nuestros recursos, necesidades y padecimientos.
Pero quienes permiten a diario que este sistema injusto e inhumano se mantenga son los políticos de todas las instituciones del Estado, los que quieren a toda costa evitar una ley general de aguas que beneficie a los más pobres y les garantice una calidad de vida superior a la que tienen; se oponen a esto porque sus intereses no están con los más pobres, no están con los que son azotados con enfermedades, sino con las grandes empresas.
Por eso el Gobierno Central, los diputados y diputadas de la Asamblea se vuelven los principales responsables de que la ausencia de agua en nuestras casas, nos vuelva vulnerables ante los virus bacteriológicos.
Los años de obstaculización y boicoteo de una ley general de aguas para el pueblo, por parte de los políticos, es un crimen que tiene que ser castigado con la lucha del pueblo por la conquista de una ley de aguas; que permita la organización de las comunidades en todos los rincones del país para administrar sus propios recursos y por sus propios intereses.
¡Basta del lucro con nuestros recursos, por una pronta aprobación de la propuesta ciudadana de la Ley General de Aguas!
