Campaña electoral adelantada en medio de la pandemia

La carrera por las elecciones municipales y legislativas del próximo año 2021, ha comenzado ya con varios meses de adelanto en cuanto a la propaganda de los partidos políticos y sus respectivos “precandidatos”. La fecha marcada para elegir concejos municipales, diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa y al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) es el 28 de febrero de 2021, esto si la situación de la epidemia del COVID-19 no obliga a reprogramar dicha fecha.

Seis meses antes de esa fecha los partidos políticos legalmente inscritos deben haber realizado sus respectivas elecciones internas, es decir sus candidatos a los diferentes cargos públicos en proceso de elección deberán estar definidos por la militancia de cada partido. Es por esto que los partidos siguiendo el calendario del Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocaron a elecciones internas desde el mes de febrero pasado.

¿Por qué se ha hablado y denunciado una campaña adelantada?

Según la legislación nacional y electoral la campaña proselitista general debe iniciar 2 meses antes del día de las elecciones para las candidaturas a diputados y diputadas y 1 mes antes en el caso de los candidatos y candidatas a concejos municipales. Pero lo que hemos visto en los últimos meses -y en algunos casos se ha denunciado- es que la campaña por las elecciones internas son en realidad un despliegue de propaganda electoral que abarca a la gran mayoría de la población incluyendo a aquellas personas que no somos militantes de algún partido. Eso transgrede lo establecido en el Código Electoral y debe ser sancionado.

Con base en nuestra historia reciente sabemos que los primeros en burlar las leyes del sistema actual son los mismos personajes que las elaboran, o que ejercen un cargo público gracias a esas mismas leyes que les permiten obtener privilegios e inmunidad frente al resto de la población, también y sobre todo tenemos a las personas, familias y consorcios que ostentan el poder económico demandando una legislación que proteja y favorezca sus intereses, y fácilmente lo logran a través del financiamiento de las campañas, compra de voluntades, tráfico de influencias etc. Tomando en cuenta ese contexto viciado que conocemos de sobra, ¿por qué es válido seguirse desgastando al pronunciarnos contra el cinismo de los políticos, aspirantes a políticos y a servidores públicos y especialmente contra sus financistas?

Aparte de las múltiples razones democráticas para exigir coherencia y cumplimiento de las regulaciones por parte de los partidos políticos y sus miembros, ahora debemos agregar por un lado la situación de pandemia sanitaria que ya cobró las vidas de cientos de personas en nuestro país y de miles a nivel internacional y sus consecuentes efectos de calamidad social en casi todos los rincones del país cuya realidad siempre ha sido el abandono. El énfasis y todos los esfuerzos y recursos  deberían estar orientados a enfrentar la pandemia, a disminuir con medidas efectivas los niveles de contagio, los índices de mortalidad y a paliar los efectos de la pandemia en la vida de la clase trabajadora y sus familias, sobre todo en la de aquellas personas que están sacrificándose en primera línea frente a la pandemia. En otros artículos hemos propuesto una serie de medidas para salvaguardar a la población durante la emergencia por el Covid-19 que amenaza con prolongarse en el tiempo.

Por otro lado, con el colapso de los partidos tradicionales de la post guerra hemos presenciado el surgimiento de nuevas organizaciones políticas cuyo auge ha sido posible gracias a su crítica demagógica hacia las prácticas nocivas de los partidos que utilizaron el poder político a su conveniencia en las últimas décadas. Estas nuevas formaciones políticas y sus dirigentes que provienen principalmente ni más ni menos que del seno de los partidos desacreditados como el FMLN, y de la rancia derecha representada por ARENA, se rasgaron sus vestiduras contra las mañas electoreras de sus antecesores, prometieron comenzar una nueva era democrática y una forma de gobernar donde los recursos alcanzarían porque “nadie roba”.

Campaña electoral permanente

Por lo expuesto anteriormente, los políticos deberían respetar las directrices establecidas por el TSE de cara a las elecciones de 2021, las cuales se han venido actualizando para limitar las ventajas de algunos candidatos y/o partidos sobre los demás contendientes. Pero lo que venimos presenciando es una campaña electoral permanente, con el presidente de la república -al mismo tiempo empresario de publicidad- como el mayor propagandista ya sea a través de Twitter, Facebook, conferencias de prensa por cadenas televisivas, etc., secundado por sus funcionarios de las distintas carteras del Ejecutivo haciendo uso de los recursos públicos para aumentar la simpatía de los votantes para su partido Nuevas Ideas, cuyas autoridades se han atribuido algunos “logros” de las acciones del gobierno como si fueran logros del partido. Muchos de nosotros recordamos cuando el presidente de Nuevas Ideas, Xavi Zablah, primo del presidente, publicó un video sobre la entrega de bolsas de víveres en un lugar remoto del país como un gran logro del partido. A estas alturas ya es difícil discernir donde termina el partido y donde comienza el gobierno, es decir parecen ser o son la misma cosa. Vimos al ministro de Gobernación, Mario Durán, anunciar su candidatura como precandidato a la alcaldía de San Salvador en una conferencia de prensa donde el objetivo era informar sobre la reparación de una carretera. Podríamos decir que la política así ha sido siempre y ese es el argumento que estos personajes y sus seguidores usan para justificarse; de la noche a la mañana se les olvidó que prometieron ser diferentes a “los mismos de siempre” en la carrera para llegar al poder y administrar el país.

Los demás partidos tampoco se han quedado atrás, todo el tira y encoge sobre las medidas de contención frente a la emergencia por parte de los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa han tenido claros intereses partidarios y electorales, hoy sabemos cómo ARENA negociaba a puerta cerrada o en la madrugada con los funcionarios y parientes del presidente las medidas y los fondos que al Ejecutivo le urgían, para luego pasar junto a los demás partidos a un enfrentamiento estéril con el gobierno sobre la reapertura económica en medio de la pandemia, usando la retórica hipócrita para recuperar credibilidad ante sus votantes.

Y así podemos seguir mencionando a los alcaldes y alcaldesas y el uso electoral que han hecho de la situación  difícil que la población está atravesando, desde el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, entregando víveres con su respectivo equipo de filmación y luego despotricando en plena tormenta Amanda contra su propio partido por la cantidad de fondos del FODES que le asignan a su alcaldía, hasta casos extraños como el del alcalde de Ilobasco quien de los fondos asignados del préstamo para la emergencia adquirió una gran cantidad de gallinas para repartirle a la gente.

¿Campañas internas o campaña adelantada?

Aunque los partidos ya realizaron sus procesos de elecciones internas con sus respectivos chanchullos viejos y nuevos, deberíamos preguntarnos si las campañas fueron realmente internas y democráticas. El TSE establece que para la contienda interna los precandidatos y precandidatas de los diferentes partidos deben limitarse a pedir el voto a la militancia del partido respectivo y no sobrepasar esos límites. Sin embargo, por una parte algunos funcionarios utilizaron medios de comunicación públicos de alcance general y nacional para anunciar sus candidaturas y hacer campaña abierta constantemente, y por otro los precandidatos y precandidatas que aspiraban a un cargo público por primera vez comenzaron haciendo reuniones amplias con muchas personas en medio de la pandemia y luego recurrieron a las redes sociales saturándolas con su propaganda, obligando a gran parte de la población que son ajenos a la militancia de algún partido, a ser receptores de su campaña. Esto, según el TSE es campaña adelantada y a pesar de eso ha sido implementada por todos los partidos políticos actuales sin excepción alguna, por lo cual en teoría deberían ser sancionados.

Como clase trabajadora y como juventud no deberíamos confiar en los sistemas electorales de la democracia representativa, mucho menos podemos confiar en los partidos políticos que se sirven de instituciones controladas por la clase dominante y sus burócratas, ya que se esconden detrás de la institucionalidad y sus leyes o las pisotean según convenga a sus intereses.

Debemos organizarnos alrededor de un partido revolucionario que esté basado en la fuerza de la clase trabajadora, en las aspiraciones democráticas de la juventud, que luche por un nuevo sistema económico y político.

Deja un comentario