17 julio, 2021

Por el derecho a la información pública, por la democratización de la administración del agua

A solicitud de miembros de la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua se conoció que el ante proyecto de Ley de Recursos Hídricos presentado por el presidente de la República Nayib Bukele había sido declarado como información reservada para un periodo de siete años. Desde su presentación a la Asamblea Legislativa todas las organizaciones y cualquier persona natural solo conoció este anteproyecto de ley a través de un documento no oficial que circuló por internet.

El pasado 15 de julio, se conoció a través de un documento formado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recurso Naturales como información clasificada se desató un interesante debate sobre el derecho ciudadano a la información, que el gobierno ha violentado durante todo este tiempo. Ante las diferentes críticas en redes sociales los diputados oficialistas facilitaron un link desde un servidor de la Asamblea Legislativa para acceder al documento. En un intento por salvar su imagen y no reconocer abiertamente la violación a nuestro derecho a la información pública.

Estas acciones, que se están volviendo bastante comunes son la continuación de otras políticas y decisiones que el gobierno del presidente Bukele ha implementado en los últimos días. Por ejemplo, el pasado martes 13 de julio se aprobó en la Asamblea Legislativa un decreto transitorio que prohíbe las aglomeraciones de personas por 90 días, quedando suspendidos eventos culturales y deportivos (revaluado hoy), pero también mítines políticos. Este decreto deja suspendido el derecho democrático a la protesta, según el gobierno por el aumento de casos de COVID-19, lo cual es dudoso cuando bares y discotecas y hoy centros deportivos siguen funcionando con normalidad, la intención de este decreto no es sanitaria, sino política.

Ese mismo día también se aprobó una reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública, dicha reforma nulifica prácticamente toda la ley, al ponerle carácter de confidencialidad a todas las declaraciones patrimoniales de funcionarios, ex funcionarios y empleados públicos. Como se supone que se podrá auditar el uso indiscriminado que se hace a las constantes aprobaciones de deuda estatal con organismos internacionales, los cuales terminaremos pagando nosotros y nosotras.

El decreto transitorio que dura 90 días a partir de su publicación en El Diario Oficial, da el espacio para que la Ley del Bitcoin entre en vigencia y para que también la Ley de Aguas sea aprobada. Como revolucionarios y revolucionarias sabemos que todos estos cambios bruscos y repentinos no son para nada normales y responden a la preparación de las condiciones para aprobar reformas y contrarreformas sin el mínimo de oposición del pueblo trabajador.

 

Nos preocupa profundamente que se pueda aprobar una Ley de Aguas que no responda a los intereses de los más oprimidos y oprimidas del país. La declaración de la Ley de Confidencialidad, el mal manejo de la información, las reformas a las leyes que regulan el derecho a la información y a las protestas emanan un olor antidemocrático y peligroso para nuestros intereses.

 

Como juventud luchamos en primer lugar por el derecho a la información que constantemente está siendo violentado, nos pronunciamos por la limitación de nuestro derecho a la protesta, no debemos tolerar leyes y reformas que no nos favorezcan, tenemos el derecho de defender nuestro sentir y pensar en las calles y exigirles a las autoridades que respeten nuestros intereses, tenemos que luchar por un gobierno que trabaje o administre en favor de la clase trabajadora y explotada no un gobierno en favor de las grandes empresas transnacionales que quieren controlar y hacer ganancias de nuestros recursos naturales.

Por estos motivos exigimos participación ciudadana en el debate de la ley de aguas y la aprobación de una ley que declare el agua como un bien público, que garantice el derecho humano al agua, un régimen financiero justo y equitativo, una gestión sustentable de las cuencas hidrográficas y la participación activa de las comunidades en la toma de decisiones y administración del agua, esto como un paso a la democratización del agua. Estos son los puntos fundamentales por los que luchamos y no cederemos ante las intenciones de los empresarios que intentan controlar lo que nos pertenece. Ante cualquier intento de imponer una ley que no nos favorezca debemos movilizarnos y exigir nuestros derechos e intereses en las calles, es la única forma de parar esta ofensiva antidemocrática del régimen de

Bukele.

 

 

¡El agua no se vende se cuida y se defiende!

 

¡No a la privatización del agua!

 

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