A un mes de que las diputadas, que conforman la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa, analizaran una reforma a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), será pertinente valorar si ésta enmienda se traduce en una mejora para atacar una problemática tan compleja y sensible como el acoso. Y en este caso particular, el surgido en las universidades.
En la página oficial de la Asamblea Legislativa (2019) manifiestan que dicha reforma:
“busca que las universidades estén obligadas a crear protocolos y rutas de atención a estudiantes que sufren acoso sexual por parte de catedráticos, personal administrativo, entre otros. Con el fin de garantizar la protección de las jóvenes universitarias víctimas de este tipo de abuso, además del acompañamiento, se pretende que los centros de estudios superiores puedan establecer una hoja de ruta, plazos, suspensiones y hasta destituciones”.
A pesar de que son instituciones de educación “superior”, las universidades no dejan de ser un ambiente de alto riesgo para las mujeres. Según los datos recogidos por El Faro (periódico digital) [1] ninguna de las universidades investigadas manifiesta carecer de denuncias por acoso. En el peor de los casos no descartan que existan más incidentes pero intuyen que no llegan hasta sus instancias por el temor de las jóvenes a denunciar, que su caso no proceda o que el victimario accione de manera vengativa al exponerlo como acosador. Con respecto a esto último podemos ejemplificar el caso de la estudiante de la Universidad de El Salvador, quien a pesar de haber acudido a muchas instituciones legales encargadas de velar por los derechos humanos, jamás obtuvo respuesta favorable para detener la violencia ejercida por su maestro de bioquímica Miguel Serrano. El desamparo llego a tal grado, que ella tuvo que ceder ante sus amenazas, para no ver afectado su año académico.
Si desde las universidades ya se cuentan con políticas específicas para estos casos (UES, UCA, etc.), ¿por qué las denuncias nunca llegan a una resolución favorable para las alumnas víctimas de esa violencia? Se habla de sanciones, destituciones, protocolos de prevención…Pero estos o no se aplican con rigurosidad, o son medidas muy suaves si tomamos en cuenta la base material de nuestra sociedad. Puesto que, este ambiente no es más que un pequeño reflejo de lo que se vive a nivel nacional, y no hablemos a nivel mundial. Para muchos la violencia ya no es sorprendente, menos en El Salvador uno de los países con índices alarmantes de violencia hacia las mujeres en todos los niveles de la vida.
Muy a pesar de que se cuente con una ley de gran potencial como la LEIV (por sus siglas ya mencionada), ésta no ha ayudado a reducir las cifras y penar los delitos relacionados con violencia de género, ni abonado a los procedimientos que amparen a las víctimas en casos de violaciones sexuales, violencia intrafamiliar, acoso laboral, sexual, entre otros. Además de la ausencia que existe en la administración pública y privada en materia de protocolos de prevención y educación respecto a estos temas. Si no, recordemos por ejemplo el actual rechazo al convenio 190 de la OIT[2] que exhortaba a las empresas a velar por la integridad de las empleadas, en casos de violencia laboral ya fuera por jefes, gerentes, patrones, e incluso otros empleados. Claro que someterse a estas medidas e invertir en la seguridad de las trabajadoras no tuvo eco en las cúpulas empresariales de El Salvador.
Entonces, ¿qué podría significar una reforma a LEIV de parte de la Asamblea? Cuando no se está luchando por acabar con el génesis de toda violencia. Estas medidas lo único que buscan es ponerse al frente de la coyuntura para dar una imagen de que “apoyaron la causa”, sin embargo acciones de este tipo tuvieron su esplendor en gobiernos del FMLN y jamás cambiaron la situación de la mujer de manera sustancial. Ahora con el nuevo gobierno, se utilizan las mismas tácticas ilusorias de equidad, como el gabinete con 50% de representación femenina y masculina. Un gabinete que lastimosamente no se ha pronunciado ante las decisiones tomadas en la convención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) donde se contó con la presencia de Rolando Castro, actual Ministro de Trabajo.
Dicho lo anterior, podría preguntársenos si como marxistas desechamos toda medida que venga de un gobierno de derecha, socialdemócrata o reformista. Y la respuesta sería no, si en todo caso las acciones son en pro de disminuir las condiciones deplorables en que se desenvuelve la clase trabajadora. No obstante, nuestra lucha como marxistas no se limita a simples correcciones de las consecuencias de un sistema capitalista, si no que abogamos por atacar cruda y objetivamente el origen de todas las desigualdades sociales.
Las mujeres y clase trabajadora en general, no verán una metamorfosis de su sociedad si no extinguen paso a paso la infraestructura de un sistema sustentado en la explotación, jerarquización y acumulación de capital en pocas manos. La historia nos ha demostrado que es imposible humanizar al capitalismo, el descontento de las masas es cada vez más imparable, las mujeres ya lo están demostrando en las calles. Compañeras y compañeros, aprovechemos este malestar para construir una fuerza que sí nos represente como clase, como expresó Lenin hace más de un siglo: “La experiencia de todos los movimientos liberadores confirma que el éxito de la revolución depende del grado en que participen las mujeres”
[1] Guzmán, Valeria. (2019) Disponible en línea: https://elfaro.net/es/201907/el_salvador/23512/Asamblea-le-recuerda-a-universidades-que-deben-proteger-a-v%C3%ADctimas-de-acoso.htm
[2] Organización Internacional del Trabajo.
