Por: Katherine Núñez
El pasado martes 25 de febrero se llevó a cabo el “Encuentro Pueblos por el Agua” en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH), el cual fue organizado por el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa; donde participaron diferentes comunidades, movimientos y organizaciones que están al frente de la lucha por la defensa del agua y el territorio en Honduras, también participó una Delegación de El Salvador conformada por ACAFREMIN, CRIPDES, CCR, Foro del Agua y UNES.
Este encuentro fue un espacio de carácter popular donde se expusieron las luchas que unifican la defensa del agua en Honduras y de denuncia a la criminalización y detención ilegal de las personas defensoras del Medioambiente, incluyendo los siete defensores de Guapinol y Sector San Pedro actualmente privados de libertad.
Honduras, a pesar de la abundancia del bien hídrico, se enfrenta a una crisis de agua; donde los proyectos extractivitas dirigidos por empresas privadas y con los permisos de instituciones estatales con intereses económicos, están provocando una grave amenaza para el acceso al agua de las personas y comunidades de todo el país.
Así mismo, el encuentro se realizó en el contexto del aniversario de la siembra de Berta Cáceres, quien hace cuatro años fue asesinada por defender un río sagrado para el pueblo Lenca. La investigación y el enjuiciamiento de su asesinato han demostrado que una empresa hidroeléctrica, con el apoyo económico de las instituciones financieras internacionales y de una agencia de cooperación internacional, conocía y consintió en que fuera asesinada porque, como defensora con capacidad de reunir apoyo y movilizar la resistencia, era un impedimento para el beneficio económico de la empresa.
El Gobierno hondureño y su aparato de seguridad tienen por propósito reprimir violentamente cualquier intento de oposición a sus intereses y a los de sus protegidos, en lugar de investigar las múltiples violaciones a las comunidades por parte de empresas mineras, madereras e hidroeléctricas; criminalizan a quienes defienden el agua, el territorio y la vida.
En el caso de Guapinol y el Sector San Pedro, siete defensores del agua han sido encarcelados ilegalmente durante seis meses, utilizando leyes y arbitrariedades coloniales para beneficiar los intereses de la élite y sus intereses económicos y los del Estado. Mientras esperan indebidamente en la cárcel para su libertad, la empresa sigue explotando las tierras que afectan a la fuente de agua potable para decenas de miles de personas en el municipio de Tocoa.
El día martes se realizó la presentación de las luchas territoriales de las comunidades de Honduras y se compartieron las experiencias de El Salvador sobre la protección y auto cuidado de las fuentes de agua; también se hizo la presentación de algunas conclusiones preliminares del Informe sobre el caso de Guapinol por la Universidad de Western Ontario, Canadá, en la cual encuentran que el Estado hondureño es responsable de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades de Tocoa, departamento de Colón, afectadas por los impactos de las concesiones mineras ASP I and ASP II propiedad de la empresa Inversiones los Pinares.
Según el estudio, gobiernos sucesivos han profundizado políticas neoliberales, establecidas en la década de los 1990s, al intensificar la inversión en industrias extractivas por parte de las élites nacionales y las corporaciones transnacionales. Estas industrias han establecido sus operaciones sin consultar adecuadamente con las poblaciones locales y sus proyectos han generado conflictos y graves violaciones de derechos humanos en un entorno de impunidad.
Estas violaciones de derechos humanos son un ejemplo claro de la violencia generalizada que sufren los defensores de derechos, líderes indígenas y sociales, y pequeños agricultores en Honduras cuando desafían la legalidad de megaproyectos corporativos y las industrias extractivas.
El encuentro finalizó el día miércoles 26 de febrero con una Conferencia de Prensa, donde las comunidades y organizaciones se declaraban en una defensa colectiva por los bienes comunes frente al criminal extractivismo empresarial con licencia militar y judicial para amenazar, judicializar y encarcelar a quienes defienden la vida.
¡No a las leyes, armas y crimen que sostienen a Juan Orlando!
¡Aguas libres, pueblos libres!
