Mujer Obrera - Principales - 15 agosto, 2019

El gobierno se niega a condenar el acoso y la violencia laboral

En el mes de junio tuvo lugar la convención de la Organización Internacional del Trabajo donde debutó como ministro de Trabajo Rolando Castro. El ministro de Trabajo se jactó de haber sacado al país de la lista corta, denominada también lista negra, de países que incumplen los convenios internacionales. Esto debido a que desde el 2013 el país era parte de la lista corta por no establecer la instancia tripartita que mandata el convenio 144 de la OIT, se trata del establecimiento del Consejo Superior del Trabajo (CST) la instancia tripartita que es la encargada de regular las normas entre trabajadores y patronos.

Restablecimiento del Consejo Superior del Trabajo

Hay que recordar que dicha instancia había sido boicoteada y frenada por la empresa privada en el país, aunque ellos mismos denunciaban ante la OIT el incumplimiento del convenio, ellos habían sido los responsables de que se no pudiera establecer la instancia. “El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) convocó ayer a una sesión de trabajo del Consejo Superior de Trabajo (CST), la cual no pudo instalarse debido a que no asistieron los delegados del sector patronal, según informó la cartera estatal por medio de un comunicado y representantes del sector trabajador. El CST es un ente tripartito representado por trabajadores, patronos y Gobierno”.

¿Cuál era el motivo de esta disputa? “Uno de los temas pendientes en el CST es el informe de 2013 del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, en el que se concluyó que el Gobierno salvadoreño violó los convenios 87, 98 y 144 de la organización de forma “directa y grave” al no someter a consideración de los sectores empleador y trabajador, representados en el CST, las reformas a 19 leyes de instituciones autónomas”.

Debemos traer a la memoria que durante años el gobierno central comandado por ARENA manejó a su antojo estas instancias, supuestamente imparciales. El gobierno del FMLN se topó con que había muchos sindicatos fantasmas que rendían cuentas al partido ARENA y a la misma ANEP, realmente no había una representación de los trabajadores en el consejo tripartito sino solo sindicatos vendidos a la patronal, más la patronal y el gobierno de la derecha.

El verdadero conflicto

Cuando entró en vigencia el primer gobierno del FMLN las fichas se movieron. Solo así se pudieron conseguir algunas medidas importantes para impulsar la libertad sindical. La patronal ya no podía manejar a su antojo la instancia, y por tanto como no le favorecía la boicoteaba. Durante este periodo el sindicalismo tuvo un mayor desarrollo que no se logró en los 20 años de ARENA. Se crearon varios sindicatos sobre todo en el sector público.

Restablecer estos vínculos entre el gobierno y la patronal, por tanto, no es algo que sea digno de admirar, todo trabajador sabe que el patrono no le interesa mejorar sus condiciones laborales porque eso significa reducir ganancia para el empleador, lo único que les interesa es exprimir la plusvalía del obrero para acumular riqueza. Las apariencias engañan, lo que es bueno para el gobierno y el empresario no es bueno realmente para el obrero.

Entonces cual es la conquista del Gobierno que anuncian con bombo y platillo en todos sus medios de comunicación. La buena noticia desde luego es para la burguesía local que toma nuevamente el control de sus instituciones que les habían sido arrebatadas.

¿En que consiste el convenio 190 de la OIT?

En agosto todas las cúpulas empresariales de Centro América decidieron unirse en santa alianza en contra del Convenio 190 de la OIT. Convenio internacional que condena el acoso y la violencia laboral en todos los países suscritos.

“El Convenio 190 se adoptó en 2018 por los Estados miembros de la OIT, donde está El Salvador, durante su conferencia general que desarrolla cada año en Ginebra, Suiza. Este acuerdo contiene un coctel de medidas para proteger a los empleados  de la violencia y el acoso en los lugares de trabajo, en tanto que los Gobiernos que lo ratifiquen deberán prohibir legalmente estas acciones y crear herramientas para supervisar el cumplimiento de las normativas. Asimismo, establece la adopción de una legislación que exija a los empleadores tomar medidas para prevenir la violencia y el acoso, aplicable para el sector privado, público y para la economía informal”.

La burguesía a la ofensiva

Las cúpulas empresariales centroamericanas están decididas a cerrar filas para que ningún país pueda ratificar el convenio. Por eso se reunieron en Guatemala en las oficinas del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF). Definiendo ahí la estrategia para desarrollar la lucha en contra del convenio 190.

Según los empresarios la ratificación del convenio 190 vendrá a afectar la generación de empleos. Uno se pregunta ¿Cómo el cumplimiento de los derechos puede afectar la generación de empleos en un país? (!). Esto solo tiene explicación desde la lógica capitalista. El capitalista razona: respetar los derechos significa que debo invertir más en condiciones de trabajo, entrando en contradicción directa con mi tasa de ganancia. Es esto lo que realmente está en juego y no la generación de empleos.

El gobierno sin decir nada del convenio 190

El ministro de Trabajo y Nayib Bukele no se han pronunciado sobre esta petición. Pero ya la actitud de Rolando Castro ha marcado la pauta hacia donde se inclinará la balanza: desde luego que hacia los empresarios. Es esta la forma de gobernar de los que decían no se los mismos de siempre. No ser los mismos de siempre significaría luchar directamente por el cumplimiento de los derechos de la clase trabajadora.

El convenio aunque es simplemente un cóctel de requerimientos legales, que no garantiza perse las condiciones humanas de trabajo. Es una pauta que muestra hasta dónde puede llegar este gobierno en la defensa de los intereses de la clase obrera. Los obreros que constantemente salen a entregar su fuerza de trabajo para sobrevivir y sacar adelante al país, están siendo violentados sin tener ninguna institución que responda por sus intereses.

¿Qué tan profundo es el problema?

La definición de acoso laboral  por la Organización Internacional de Trabajo (OIT) es “una forma de acoso psicológico que consiste en el hostigamiento a través de acciones vindicativas, crueles o maliciosas para humillar o desestabilizar a un individuo o a grupos de empleados. Lo anterior, significa que las situaciones de acoso laboral se sustentan de las relaciones de poder, es decir, desde cargos de jefatura, así como rangos laborales similares o inclusive ambos».

Y según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, ORMUSA, “la violencia laboral es definida como acciones y omisiones contra las mujeres, ejercidas de forma repetida y que se mantiene en el tiempo en los centros de trabajo públicos o privados”.

El Código Penal salvadoreño, en su artículo 165, define el acoso sexual como: “realizar conducta sexual indeseada por quien la recibe, que implique frases, tocamiento, señas u otra conducta inequívoca de naturaleza o contenido sexual y que no constituya por sí sola un delito más grave”.

La realidad que vive la clase obrera

Según las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) de los años 2016 y 2017, 60 mujeres denunciaron ante la institución despidos por embarazo en 2016, y hasta octubre de este año [2017] han sido 108 las denuncias interpuestas por este caso. Otras cifras del MINTRAB indican que por acoso laboral se recibieron –tanto de mujeres como de hombres– un total de 60 denuncias en 2016. Y hasta octubre pasado [2017] se registraron 46 casos. Sin embargo estas cifras son insuficientes y no reflejan más que solo una pequeña parte de lo que realmente pasa en los centros de trabajo. Hay un buen número de denuncias que no se presentan ya sea por amenaza o por falta de confianza en las instituciones.

Por otra parte, en 2018 diversas organizaciones denunciaron que se reciben más de mil denuncias por acoso laboral. “Son 1,400 denuncias que recibimos desde las organizaciones, de estas un 30 % corresponden al sector de maquila, el resto a otros sectores, incluido el sector público. Una de las denuncias que en los últimos años ha crecido ha sido la de acoso laboral y acoso sexual que viven las mujeres en sus lugares de trabajo”. Además señalaron que: “tanto violaciones laborales como inflexibilidad laboral y explotación laboral. Son consecuencias que se tienen de una legislación con demasiada libertad para esta industria. Que está repercutiendo en una cantidad impresionante de personas que tenemos enfermedades de distinta índoles como músculo esqueléticas, respiratorias o de otras”.

Debemos luchar por la ratificación del convenio 190 y por nuestros derechos laborales

Según datos del Observatorio de la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc) el 89.9 % de las mujeres sufren violencia en el espacio laboral. Estos son solo algunos datos con los que se cuentan para medir la gravedad del problema. El problema es todavía más profundo y no basta solo la aprobación de convenios, debemos luchar por más reivindicaciones laborales.

Con esta política traidora queda demostrado que el gobierno no tiene la intención de condenar la violencia contra la clase obrera. La clase obrera debe comprender que solo la unificación de la clase puede garantizar la defensa de sus derechos y las conquistas de sus reivindicaciones. Necesitamos avanzar a mejores condiciones laborales, mejores salarios y una reducción de la jornada laboral sin reducción de salario. Solo la lucha organizada puede garantizarnos nuestros derechos.

Debemos exigir más libertades sindicales y organizarnos en las calles para luchar por nuestras demandas. Basta de mentira e ilusiones, los ministros y políticos burgueses no nos representan. La lucha organizada es la única arma que nos queda para luchar por nuestros derechos.

San Salvador 15 de agosto 2019

Deja un comentario