Casa Presidencial se niega a recibir las peticiones de la caminata ecológica

El 5 de junio se realizó la décimo novena caminata ecológica, como ya es tradición se sumaron diversos sectores sociales: organizaciones ambientalistas, sindicatos, organizaciones estudiantiles, colegios, etc. El lema de este año fue “Agua y Territorio”, y su recorrido se desarrolló desde el Parque Cuscatlán hasta Casa Presidencial y contó con una participación de más de 16 mil asistentes.

Desde muy temprano, las organizaciones fueron concentrándose sobre la Alameda Roosevelt en San Salvador, mientras otras organizaciones sociales se incorporaron en el Monumento al Divino Salvador del Mundo con coloridos y consignas en defensa de los bienes naturales y la exigencia por una Ley General de Agua.

El 5 de junio pasado, hace exactamente un año, la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático desechó los 92 artículos de la Ley General de Agua presentada hace 13 años por UNES y Cáritas[1],  promovida y defendida desde el Foro de Agua[2], que aglutina a una gran cantidad de organizaciones, gremios y juntas de agua de todo el territorio nacional. Esta acción de los diputados de derecha en la Comisión tuvo como reacción una fuerte respuesta del pueblo en las calles, se intensificó la lucha y las exigencias de parte de las organizaciones sociales, que inmediatamente comenzaron a aglutinarse y organizarse de manera conjunta en la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua.

Los partidos de derecha en la Asamblea Legislativa han intentado en varias ocasiones y por diferentes medios privatizar el agua. A partir de desechar la Ley General de Agua, se comenzó a estudiar la Ley Integral de Agua que fue presentada por el partido ARENA en la pasada legislatura, esta Ley esta pensada para beneficiar los intereses de los empresarios agroindustriales, especialmente a los del sector cañero del país. La mal llamada Ley Integral de Agua promueve explícitamente que se conforme un Ente Rector del agua controlado mayoritariamente por entes privados, lo cual seria desastroso para garantizar el abastecimiento del bien hídrico a las familias salvadoreñas.

Sin embargo, hasta la fecha estos intentos han sido detenidos por la activación del movimiento social y por las masivas movilizaciones de los estudiantes de la Universidad de El Salvador que inundaron las calles aledañas de la Asamblea Legislativa más de una vez en el transcurso de este convulsivo año. Esto pone de manifiesto que la fuerza revolucionaria de las masas se expresa a través de la lucha en las calles, de su toma de conciencia y de su poder para echar abajo los decretos de un parlamento que se ha vuelto muy impopular a los ojos del pueblo.

Actualmente, la discusión de La Ley General de Agua está paralizada por órdenes de la diputada presidenta de la comisión, Martha Evelyn Batres del partido ARENA, quien semanas atrás manifestó que la discusión se reanudaría hasta que el nuevo gobierno entrara en funciones. La Comisión sesionó el martes 4 de junio por primera vez luego de que Bukele tomara posesión, pero el punto sobre la Ley General de Aguas no estaba agendado, incumpliendo su palabra como diputada.

Hoy, como hace un año, la caminata ecológica exige la aprobación de la Ley General de Agua y la defensa del territorio. Con el inicio del nuevo periodo presidencial, la petición se ha traslado al gobierno del presidente Nayib Bukele, quien en ocasiones pasadas se declaró en contra de una posible privatización del agua y criticó la decisión de los diputados de querer privatizar el bien hídrico. Sin embargo, la caminata que esperaba tener algún nivel de comunicación con el presidente o con su consejo de ministros no consiguió su objetivo, una barricada con más de 40 policías antimotines esperaba la movilización para detener su paso más o menos 400 metros antes de que llegara a Casa Presidencial.

En realidad, el recibimiento no tomó por sorpresa a los manifestantes. Los organizadores de la marcha previamente habían mandado una carta informando a Casa Presidencial los motivos de la movilización con una petición clara de permitir recibir una comisión representativa de la movilización.

Detenidos por la barricada de policías armados, se trató de negociar allí entre un representante de Casa Presidencial y dirigentes de la movilización que se permitiera el acceso a una Comisión, pero esta negociación fue infructuosa. Por su lado, Casa Presidencial se negó a aceptar el número establecido de la Comisión que estaba constituida por 8 representantes e intentaron reducirla a 5. El vocero de Casa Presidencial manifestó que volvería a preguntar si se podían aceptar las condiciones de la comisión, que además incluían hablar con el presidente o con un representante de su gabinete que tuviera relación con el tema para expresarles las demandas a través de una carta firmada por todas las organizaciones. La manifestación esperó durante más de media hora una respuesta y el negociador no volvió más.

Tanto el bloqueo con policías como la negativa a aceptar a la Comisión de la movilización muestra una perspectiva desalentadora de la administración de Nayib Bukele, que dicha sea de paso, tiene grandes proyectos de infraestructura que vendrán a socavar el deterioro del medio ambiente y la calidad del agua en el país.

El movimiento social debe prepararse para articular la resistencia en las calles en exigencia de las demandas más sentidas de los oprimidos y rechazar en su totalidad los proyectos que solo benefician a las transnacionales y los bancos.

El movimiento social debe exigir:

  • Aprobación inmediata de la Ley General de Agua
  • Administración comunitaria y estatal del agua en todo el territorio salvadoreño, los bienes naturales deben estar en manos de los que lo necesitan no de la empresa privada
  • Plan intensivo de infraestructura para cubrir la demanda de agua potable en todo el país bajo recursos del Estado que se deben conseguir a través de una reforma fiscal revolucionaria que imponga impuestos a las empresas contaminantes
  • El cese a todos los permisos para la construcción de proyectos que no cumplan con medidas para preservar y proteger al medio ambiente
  • Cese al proyecto de la ciudad acrópolis en la Zona de Tacushcalco, Sonsonate
  • No renovar los permisos medio ambientales para la construcción de la micro ciudad en el Valle El Ángel
  • La recuperación de ríos y quebradas, el cese a la contaminación por parte de las empresas contaminantes de la industria
  • Un plan de conservación medioambiental puesto en marcha desde el Estado con la participación de la organización de las comunidades
  • Contra los APP y las privatizaciones

[1] http://www.pazcondignidad.org/blog/sociedad-civil-marcha-contra-la-privatizacion-del-agua-en-san-salvador/

 

[2] http://forodelagua.org.sv/index.php/quienes-somos/

 

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