24 julio, 2020

¿Subsidio para los estudiantes o rescate para colegios y universidades privadas?

El anuncio de los diputados del FMLN de apoyar una propuesta de ley en la AL para ayudar al pago de cuotas universitarias y colegiaturas de instituciones privadas ha generado cierta inquietud de parte de la comunidad educativa. En varias ocasiones y por distintos medios sus promotores han dado a conocer que la propuesta va orientada a ayudar a las familias que han dejado de percibir ingresos por la pérdida de sus empleos y que enfrentan una insolvencia ante los pagos de las mensualidades escolares de colegios y universidades.  

Para nadie es nuevo que la pandemia del COVID-19 ha arrojado a la calle a miles de trabajadores, la clase media tampoco ha salido inmune de esta crisis, sus hijos e hijas se han tenido que enfrentar a una metodología distinta para seguir activos en todos los niveles educativos. El carácter de la gratuidad en la educación pública tampoco ha logrado evitar la aparición de algunas dificultades para los más de 1.3 millones de estudiantes y sus familias obreras del campo y la ciudad, situaciones materiales muy específicas como la falta de recursos para pagar servicios de internet han golpeado su frágil economía. Por otro lado, la pequeña burguesía resiente que las cuotas de sus hijos no sean reconsideradas debido a la pandemia y al ingreso irregular en sus bolsillos.

Los propietarios de colegios y universidades no están dispuestos a reducir las cuotas de sus estudiantes ya que anteponen el salario de sus docentes trabajadores, lo cual es correcto; pero no ocultan con esto su descarada hipocresía. El pago de sus docentes es una pequeña parte del ingreso total que obtienen de una buena cantidad de pagos onerosos por una infinidad de trámites, desde la matrícula hasta la compra de libros de texto y material didáctico que año con año es renovado. Decir que los docentes están en riesgo de no recibir sus salarios debido a la falta de pago de los padres, equivaldría a decir para la mayoría de medianos y grandes empresarios que no pueden pagar los salarios de sus trabajadores en esta pandemia debido a la inactividad de sus negocios. Todo el dinero acumulado por esta gente a lo largo de los años se evapora como por arte de magia ante las narices de todos.

La postura de la izquierda reformista

Lo que ha quedado de la llamada izquierda en los puestos del Estado, no es otra cosa que la verdadera socialdemocracia en su expresión más sublime. Aunque permanecen aún en sus filas algunos combatientes honestos convencidos de un cambio radical en la sociedad, nunca encontraron cómo avanzar al socialismo que no sea por la senda de las regulaciones del mercado y de las relaciones obrero-patrón. Así, fieles a su programa de administrar los negocios de los empresarios y de paso la crisis del capitalismo, quieren rescatar colegios y universidades para mantener a flote la venta de servicios educativos.

Milton Garay de la bancada del FMLN, anunció por una de sus cuentas de redes sociales la propuesta de reducir hasta el 50 % las cuotas para las familias con problemas económicos con un tope máximo de $150.00 en concepto de colegiaturas. El profesor Garay ha sido muy específico en definir hacia quiénes iría implementada esta ley de lograr ser aprobada: las familias que hayan perdido sus trabajos debido a la pandemia y aquellas cuya iniciativa productiva o emprendedora haya quebrado debido al colapso de la economía.

Los votos de los 23 diputados del FMLN están listos para pasar a la aprobación de la ley. El dinero, a pesar de lo delicado de las finanzas del Estado debe salir de una reorientación de fondos y, de acuerdo a la conclusión de Garay, debe ser del mismo Ministerio de Educación. Esta maniobra ya ha sido implementada en el mes de junio por el gobierno de Bukele quien recortó a Educación $9.1 millones para que fueran reorientados al pago de salarios de los empleados de ANDA. En esta oportunidad la bancada farabundista mostró su más hondo desacuerdo debido a que “el Gobierno opta por quitarle fondos cuando Educación lo que ha solicitado son $100 millones para poder implementar el programa de Educación a Distancia debido a la pandemia[1]”.

Pero en esta ocasión parece no haber desacuerdos y el resto de partidos del parlamento coinciden en restarle al Ministerio de Educación $10 millones que según el diputado Garay se van extraer de este ministerio de proyectos con socios estratégicos que no se ejecutarían debido a la suspensión de clases presenciales. Una vez más vemos cómo el Estado interviene en la economía y le arroja un salvavida a la empresa privada con la inyección de millones de dólares provenientes de fondos públicos, y acá no vemos ni un tan solo capitalista gritando al cielo que el Estado no debe inmiscuirse en sus negocios.

Una vez más sobre el negocio de la educación

El presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador (ACPES), Javier Hernández Amaya y el resto de sus socios, cerraron filas ante el clamor de los padres de familia quienes exigían una reducción de las colegiaturas debido a la emergencia de salud y la pérdida de sus empleos. Para el individuo en mención los colegios no deben de ninguna forma reducir las cuotas ya que el trabajo de los colegios ha estado funcionando siempre y no se ha suspendido el servicio. Por tanto, que dejen de pagar lo debido para ellos representa una reducción de la ganancia y ponen en riesgo según sus cifras a 60 mil trabajadores de la educación.

Para los mercaderes de la educación reducir la cuota de las colegiaturas es un robo hacia los colegios ya que «Estas iniciativas de ley expresan una expropiación de los recursos privados; y están llamando a confirmar falsedades: una de ellas es que no estamos trabajando y que por eso los padres de familia no deberían pagar las colegiaturas[2]«, esto de acuerdo a Hernández Anaya. Pero, para alivio de Anaya esta expropiación ha cambiado de rumbo y ahora se dirige hacia el presupuesto del MINEDUCYT de donde serán saqueados $10 millones que irán a parar a las cuentas bancarias de estos empresarios. Se le quitará al Estado recursos para el beneficio privado, cuando una verdadera expropiación debería ser todo lo contrario, que esos colegios privados pasen a ser propiedad del Estado para beneficio público.

La propuesta en curso también tiene el objetivo de salir al rescate de la clase media quienes han visto la ruina en este periodo. Es poco probable que una familia obrera tenga a uno o varios de sus hijos en un colegio o universidad donde la mensualidad ronde los $150.00 o menos. Para poner un par de ejemplos de colegiaturas mencionaremos al Liceo Salvadoreño y al Colegio Don Bosco, las cuales rondan entre $135.00 y $84.00 respectivamente. Eso no está al alcance de la mayoría asalariada en estos agitados tiempos. Hay que aclarar que existen una gran cantidad de colegios cuyas cuotas no pasan de los $50.00 y sus matrículas son numerosas y la infraestructura no es la más adecuada, y tienen todas las licencias del MINEDUCYT para funcionar. Desde los colegios más pequeños hasta los que son más grandes que muchas universidades inscriben en su lema ofrecer una “educación sin fines de lucro”. Pero nadie entra a este negocio para ver florecer cerebros o genios, sí no más bien para ver sus reservas financieras crecer y brillar.

La educación desde la perspectiva proletaria

A pesar de que los recursos en educación son insuficientes, se insiste en mantener la baja inversión y por qué no, quitarle fondos en esta pandemia sobre todo para que el negocio de la escolaridad siga fluyendo. La educación es decadente en nuestro medio no sólo por la poca inversión, entre otras cosas, sino también por el torpe manejo hecho desde arriba por funcionarios que nunca han pisado un salón de clase y desconocen en su totalidad el sentir y pensar de los docentes y el estudiantado. El control de la educación debe estar bajo los expertos conocedores del tema: los mismos maestros.

Una queja común de la población es la baja calidad educativa que ofrece la escuela pública. Eso resulta ser una verdad a medias, en una sociedad donde el empleado estatal, en este caso el docente, no es supervisado por la misma comunidad educativa y capacitado constantemente por quienes dirigen, tiende a generar resultados por debajo de las expectativas. Aulas saturadas con estudiantes en su mayoría conflictivos, sin energía eléctrica y sin recursos tan básicos como una pizarra y marcadores en buen estado pueden en cualquier momento reducir el factor motivacional de cualquiera de los involucrados. Por tanto, ante la coyuntura actual proponemos una serie de medidas inmediatas a ser tomadas en cuenta, esta es una postura desde nuestra clase social a la que nos debemos:

  1. Ningún traspaso de fondos públicos con destino al pago de las planillas de los docentes, estos pagos deben ser cubiertos por los patronos de los colegios y universidades privadas en mención.
  2. Si un colegio se declara insolvente, exigir la apertura de su contabilidad y cuentas bancarias, si así fuese comprobado se podrá extender la ayuda temporal a sus trabajadores y el Estado debe proceder a ser propietario de estos negocios.
  3. Los colegios y universidades que tengan solvencia y no quieran proceder al pago completo de los salarios de sus empleados deben ser nacionalizados y ser incluidos en un plan único de educación. La educación debe dejar de ser un negocio, debe ser gratuita, de calidad y para todos.
  4. El aumento en el presupuesto de educación al 6% del PIB debe ser efectivo de una vez por todas. Se debe proceder a la reducción de otros ministerios que no ayudan a elevar el nivel cultural de la población como el de Defensa, ya no necesitamos más cuarteles y fusiles, sino más escuelas y lápices.

¡Educación primero para el hijo del obrero!


[1] Gobierno quita fondos a Educación en medio de emergencia para pagar salarios de la ANDA | Noticias de El Salvador - elsalvador.com. (2020). Retrieved 18 July 2020, from https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/asamblea-aprueba-ley-transplante-organos-tejidos/720864/2020/

[2]  Machuca, E. (2020). 60,000 empleos dependen de los pagos de cuotas escolares en El Salvador. Retrieved 18 July 2020, from https://www.eleconomista.net/economia/60000-empleos-dependen-de-los-pagos-de-cuotas-escolares-en-El-Salvador-20200506-0007.html