Sobre la inseguridad que vive el personal de salud

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Autor: 
Rodrigo López

La delincuencia y la situación de inseguridad que se vive  a diario se han vuelto una epidemia que a estas alturas es difícil o hasta imposible de controlar. Los trabajadores de la salud en todas sus ramas se ven afectados de igual manera, el hecho ocurrido el pasado mayo donde una enfermera y estudiantes fueron privadas de libertad por unos pandilleros en Mejicanos indignaron a buena parte de la población mientras que los medios de comunicación vieron la oportunidad de oro para desprestigiar la reforma de salud impulsada por el expresidente Funes, que ha sido la única reforma que ha llevado salud a la población. Actualmente existen unas 749 unidades de salud en todo el territorio nacional y unos 570 Equipos Comunitarios de Salud Familiar y Especializados (ECOS), lo que significa que el número de trabajadores de salud también aumentó y con ellos los problemas de delincuencia en cada uno de sus sectores de trabajo.

Muchos de estos ECOS se encuentran en zonas donde las pandillas son las dominantes, lo que representa un verdadero problema para cada trabajador, impidiendo desarrollar sus funciones de campo, así como las institucionales. La oficina de acceso a la información pública del MINSAL refiere que durante el año 2014 se solicitaron 198 traslados. Sin embargo, en 2015 estas estadísticas sufrieron un incremento del 37.5 % y unos 317 miembros del personal de salud pidió traslado, en estos se incluyen enfermeras, promotores de salud, médicos y personal administrativo.

De igual forma la oficina de acceso a la información pública del MINSAL reporta que en 2016 las cifras siguieron al alza. En los primeros cinco meses de 2016 un total de 145 trabajadores del ramo solicitaron traslados, lo que significa que en casi la mitad del año hubo tantas como en todo 2014. Y solo para el caso de los médicos en el área metropolitana, en 2014 y 2015 unos 17 doctores pidieron traslado por cada año, es decir, 34 en total. Mientras que tan solo en los primeros cinco meses de 2016 los números se dispararon, ya que solo hasta el 31 de mayo del año pasado unos 15 médicos del área metropolitana pidieron traslado, sin especificar los motivos. No podemos asegurar con veracidad que estos traslados sean a consecuencias de la inseguridad laboral, pero tampoco podemos descartar que gran parte de este personal es acosado por las pandillas o no tiene las condiciones de seguridad garantizadas para continuar con sus labores en estas zonas superpobladas y peligrosas.

En febrero de 2016 una pareja de esposos promotores de salud fueron asesinados por pandilleros en el cantón Joya de Cerén, de San Juan Opico, estos hechos son los que ocasionan que los empleados de salud dejen sus puestos, dejando vacantes que no son ocupadas por otros profesionales, en otras ocasiones los mismos empleados se ven obligados a negociar con pandilleros de la zona los días, horas y personal que va a ingresar a dar atención a los sectores que ellos dominan. La Policía Nacional Civil apoya jornadas médicas y proporcionan seguridad, sin embargo, el número de agentes no es suficiente para estar presentes en cada actividad realizada por el personal de salud. De igual forma el personal de salud debe pagar “renta” a pandilleros para acceder a sus sectores y cuando estos o sus familiares van a la unidad de salud el personal debe priorizar su atención sea urgencia o no, pues su vida o la de sus familiares depende de ello, volviéndose como ya lo hemos dicho en una situación insostenible para los empleados del MINSAL.

Sin embargo, no solo los empleados de los ECOS, son los que a diarios se ven acosados por la delincuencia, también el personal de salud hospitalario resulta afectado, camino a sus lugares de trabajo o de regresó a sus viviendas, en el transporte público o en puntos de asalto ya establecidos donde la seguridad pública muy pocas veces está presente. Debemos luchar por la transformación de las instituciones del viejo Estado insertando progresivamente la vinculación con las comunidades, barrios y colonias, conformando comités integrados por personal del sistema de salud, policías y comités organizados de autodefensa en las comunidades, que garanticen la seguridad del personal técnico y la atención médica a las poblaciones hasta donde hoy han podido llegar los ECO Familiares. El gobierno está en la obligación de garantizar el derecho a la salud de todos los trabajadores, y un gobierno de izquierda no puede simplemente agotar las facultades de las viejas instituciones y cruzarse de brazos ante los problemas o peor ofrecer palo a todo. Un gobierno revolucionario debe impulsar siempre el poder creativo que la clase trabajadora puede darle a esas viejas instituciones caducas y decadentes, esta es la única forma de superar el impase.