A tres años del gobierno de Sánchez Cerén debemos avanzar hacia un programa de nacionalizaciones

Versión para impresoraVersión para impresora
Autor: 
Redacción del Militante Editorial #57

Este mes se cumplen tres años de gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén. Un gobierno que se ha caracterizado por tratar de mantener los programas sociales, a pesar de todos los obstáculos que se le han presentado. Según el sitio web de Transparencia Activa la inversión social que el gobierno ha hecho en estos años ha sido una de las más grandes en comparación a gobiernos anteriores. Esta inversión social ha posibilitado la estabilidad y la ampliación de algunos de los programas sociales que benefician a la clase obrera.

Esta inversión social es muy significativa y ha dado resultados positivos, por ejemplo, en educación se ha atendido a 98,113 personas a través del Programa de Alfabetización, permitiendo que 70 municipios estén libres de analfabetismo; se ha quintuplicado la cobertura en educación inicial y elevado en 12 % la de parvularia; se han entregado 38 mil computadoras a 1,802 Centros Educativos y se han capacitado a más de 17,000 docentes en nuevas tecnologías; 1.3 millones de estudiantes, de parvularia a bachillerato, de 5,154 escuelas reciben ahora el paquete escolar; 75 mil jóvenes han sido beneficiados por el programa Jóvenes con Todo; así como también destaca la creación de la Universidad en línea, etc. En cuanto al área de salud se ha reducido la mortalidad materna, llegando a la cifra más baja en toda la historia de El Salvador de 42.3 -en 2015- a 27.4 muertes maternas por 100 mil nacidos en 2016; se invirtió $160 millones en infraestructura del MINSAL y próximamente se inaugurará el Hospital Nacional de La Unión con una inversión de más de $13 millones; así mismo se ha logrado una reducción del 42 % de la desnutrición crónica en la niñez. Respecto al empleo se promovió la generación de 52,348 empleos nuevos y se logró también el incremento al salario mínimo.

La burguesía en todo el periodo ha boicoteado financieramente cada uno de estos programas, apoyándose en los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional. A pesar del boicot se considera que en los tres años del gobierno se ha invertido el 48 % de los presupuestos nacionales en inversión social, alrededor de $7 mil millones, esto pese a toda la insistencia de la derecha por reducir el gasto social, como un paliativo a la crisis fiscal.

Las cifras brindadas por el gobierno expresan su actitud para salvaguardar los intereses y las prestaciones a la clase obrera, pero resultan insuficientes debido a la agudización de la crisis. Nosotros defendemos las conquistas conseguidas hasta hoy por el gobierno y animamos cada paso a la izquierda que pueda dar, no obstante, el desempeño de los últimos tres años, muestra una lucha más defensiva que ofensiva contra el capitalismo, e incluso ha tenido que retroceder como lo hemos visto en las focalizaciones de los subsidios. La burguesía a través de sus instituciones y sus leyes tiene acorralado al gobierno, y no le permitirá jamás por la vía institucional desarrollar programas profundos en beneficios de la clase obrera.

El gobierno ha tenido que lidiar con el pago de la deuda externa, así como también con la elusión y la evasión fiscal. En 2017 el pago de la deuda ronda los $914 millones, mientras que el monto de la elusión y la evasión fiscal para el año 2016 fue de $3,568 millones.1 Estos factores representan los principales obstáculos para poder seguir implementando y ampliando las medidas en favor de la clase trabajadora, pues si tan solo se combatiera la elusión, la evasión y se dejara de pagar la deuda, el gobierno tendría inmediatamente a su disposición más de 4 mil millones de dólares, más de la mitad de lo que se ha invertido en los últimos tres años en programas sociales, obviamente no tendría que recurrir a mas prestamos ni a reducciones de subsidios a la clase obrera.

Es preciso señalar que quienes sirven como freno al avance de medidas más profundas para la clase obrera son los organismos internacionales, la burguesía nacional con sus expresiones de derecha, el Estado burgués como fuerza fáctica defensora de estos y en última instancia, pero no menos importante, el carácter reformista del actual gobierno, que se niega a aplicar un programa revolucionario. Si el gobierno quiere avanzar hacia la profundización de los cambios tendrá que proponer un programa claro, que atente inevitablemente contra los intereses de la gran burguesía y el imperialismo. Para esto será necesario empezar a transformar las viejas instituciones del Estado, aunque debemos estar claros que esta tarea resulta imposible dentro del marco de economía capitalista ya que es su principal bastión de apoyo, se debe fortalecer la organización obrera y campesina haciéndolos participar en las decisiones del país basándonos en un programa que luche contra el status quo de la sociedad. Esto último es una tarea fundamental que deben impulsar el FMLN y los sindicatos.

¿Qué programa es el que debe aplicarse, y que muestre una diferencia clara entre administrar la crisis y una profundización de los cambios a favor de los explotados? Si bien es cierto la recaudación fiscal real al margen de las ganancias es un elemento importante que se debe impulsar, esta medida no debe ser la única, ni mucho menos el eje central de una política revolucionaria transitoria. Una política revolucionaria transitoria debe necesariamente contemplar la nacionalización de las grandes empresas públicas que fueron privatizadas bajo los gobiernos neoliberales de ARENA. Como marxistas defendemos la soberanía nacional cuando esta se basa fundamentalmente en devolver a las masas el control de los recursos que le pertenecen y que por ahora son las fuentes de riqueza de las multinacionales. Lograr la nacionalización de estas empresas nos permitiría contar con parte de los recursos que necesitamos para profundizar los cambios revolucionarios.

 

El gobierno además debe desconocer la deuda externa, pues es totalmente impagable. Las consecuencias de esto pueden ser muy drásticas, sin embargo, una decisión como esta animaría a muchos países donde el yugo de la deuda es igual de insostenible para declararse en impago de la deuda. ¿Por qué habríamos de pagar dinero que sirvió solamente para sostener el desfinanciamiento del Estado que surgió a partir de quitarle todas las instituciones públicas que lo financiaban? Y mucho menos cuando sabemos que la burguesía que compró la banca, las telecomunicaciones, los ingenios de azúcar, la administración y distribución de la energía eléctrica, la zona franca de San Bartolo, etc., se han beneficiado hasta la saciedad. Es completamente absurdo mantener una deuda que no es nuestra, el fantasma con el que se nos quiere asustar siempre de “aislamiento o bloqueo económico” no puede ser un factor determinante. Sin duda se podrán establecer nuevas relaciones comerciales con otras naciones, no alineadas con los EEUU y la Unión Europea. Estas medidas, como ya se dijo, deben ir a la par del aumento a la recaudación fiscal con impuestos a los grandes capitalistas y la eliminación de la elusión fiscal, orientando a los trabajadores de las empresas elusoras a establecer la gestión obrera, a través de los sindicatos, trabajadores locales y funcionarios del Estado, con libros contables abiertos para verificar sus ganancias.

Claramente las instituciones del Estado, como la Asamblea Legislativa, la Sala y algunos elementos del mismo gobierno se opondrían a este programa, utilizando las instancias del Estado y la Constitución burguesa, muy a pesar de lo que los reformistas nos quieren hacer creer de la condición todopoderosa de las instituciones del Estado, la historia nos muestra que estas se vuelven completamente débiles cuando la dirección del movimiento solidifica sus acciones políticas, no en el parlamento y demás instituciones burguesas, sino en la movilización y la fuerza del movimiento revolucionario, que reside en los trabajadores. Ningún gobierno de izquierda en el mundo ha podido avanzar sino es por la agitación social en las calles y fábricas, una mirada en retrospectiva, pasando por Venezuela, Bolivia, Brasil, Nicaragua o Cuba, nos llevaran a las mismas conclusiones. El Estado Burgués se vuelve débil ante la amenaza de las masas, la clase dominante entra en crisis y los partidos que no tienen una claridad política son desechados uno tras otro. La lucha revolucionaria no solo se basa en obtener una mayoría en el parlamento, ni tampoco poniendo magistrados a nuestro favor, las verdaderas transformaciones serán desarrolladas cuando movilicemos conscientemente a la clase obrera en la calle y empuje a estas instancia a funcionar bajo su control e interés.

Muchos argumentaran que esto es imposible, que se nos bloqueará en todos los sentidos, pero ¿acaso no está pasando lo mismo actualmente? Se nos ha bloqueado casi todo en el parlamento y desde la Sala ¿podría ser peor? La agitación revolucionaria por un programa como este haría despertar todas las tradiciones revolucionarias de la clase obrera, pues ofrecería claras condiciones de elevar sus niveles de vida, algo que por años han esperado. Muchas de las medidas no son avaladas por la Constitución, eso es claro, pero qué caso tiene seguir obedeciendo una ley que no es justa y que no nos favorece. Trotsky escribió: “En cierta etapa los trabajadores dislocan el marco de la ley o acaban con ella, o simplemente les es indiferente. Precisamente en eso consiste la transición hacia una situación puramente revolucionaria”. La paciencia de las masas se agota, no debemos abusar de esto, o impulsamos la revolución o claudicamos ante la reacción burguesa.

 



[1] Carta Económica, Salvador Arias, Austeridad, el absurdo de la política neoliberal salvadoreña que golpea profundamente al pueblo, incluyendo los sectores medios de ingreso.