Ante la amenaza de inseguridad de los promotores de salud de los ECO Familiares: ¡Autodefensa de las comunidades!

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Autor: 
Rodrigo López

El pasado viernes 12 de mayo, ocurrió una situación aparentemente inédita en el tema de delincuencia: una enfermera y tres estudiantes de enfermería fueron violentadas por pandilleros mientras se dirigían a la Colonia Montreal en el municipio de Mejicanos a atender un llamado prioritario el cual consiste, según los lineamientos del MINSAL, en atender una emergencia de una mujer embarazada. En el lugar fueron interceptadas por pandilleros de la zona, quienes las privaron de libertad y luego las agredieron sexualmente. Según la FGR el hecho no constituyó una violación sexual debido a que no hubo penetración como tal sino solo tocamiento, con lo cual trataron de desviar la atención y desvalorizar de una manera totalmente incorrecta el caso, ¡cómo si el hecho de ser tocadas sexualmente sin consentimiento fuera poco!  Esto, entre otras cosas, hace relucir el carácter machista dentro de la institución que se supone debe impartir justicia, la cual irresponsablemente desconoce -o más bien solo prefiere ignorar- que el más mínimo tocamiento sin consentimiento de la víctima constituye una violencia sexual. 

 

Sabemos que el problema endémico de inseguridad se ha vuelto un verdadero dolor de cabeza para el actual gobierno del FMLN, que ve como diferentes sectores de la población son víctimas a diario de delincuentes que sin mediar palabras quitan la vida o despojan de las pertenencias a la población, siendo también afectados los trabajadores del sector salud, especialmente aquellos que su labor les manda a salir de las instituciones para llevar salud a las zonas donde, por incapacidad en los gobiernos de ARENA, antes no había acceso. Este hecho ha causado que algunos sectores de “la sociedad civil” convocaran días después a actividades de protesta, sin embargo, en sus declaraciones a la prensa dejaban entrever una clara intención de desprestigiar al Gobierno, pronunciándose a favor de las resoluciones de la Sala dejaron de lado cobardemente la defensa de la integralidad de las violentadas. Junto a la prensa amarillista, estos sectores enarbolan la bandera del fracaso de la reforma de salud que se llevó a cabo en el periodo del expresidente Funes, la cual consistió en la extensión del servicio de salud a través de más unidades de atención y el aumento de la inversión en este sector. Esta reforma dio un giro total a las antiguas políticas de salud, y a pesar de que no ha logrado resolver el problema crónico de la asistencia integral de salud, ha llevado alivio a sectores históricamente marginados.

En el país existen unas 749 unidades de salud pública y unos 570 Equipos Comunitarios de Salud Familiar y Especializados conocidos como ECO Familiares, los cuales se crearon a partir de la reforma del expresidente Funes, con el objetivo de llegar a los sectores marginales en atención medica en décadas pasadas. Los ECO Familiares son claramente insuficientes para la demanda real de la población, y a pesar de que tienen deficiencias de recursos humanos, materiales, económicos, medicamentos y seguridad, que impiden su óptimo funcionamiento han representado desde su creación un paso adelante para garantizar el acceso a la salud de miles de hogares salvadoreños en todo el territorio del país. Algunos sindicatos piden que se retroceda con ese paso que dio la reforma de salud al pedir que se eliminen los ECO Familiares debido a que es imposible el trabajo de campo de los promotores por la inseguridad[i]  han visto la oportunidad de oro para atacar al MINSAL y con ello al Gobierno con esto solamente le hacen el juego a la derecha.

La realidad no es solo que las trabajadoras de salud fueron a una zona peligrosa a atender una emergencia, la realidad es que vivimos en una sociedad con altos niveles de violencia que afecta a la mayoría de sectores explotados, y como lo vemos en este caso hay una tendencia bien marcada a la vulnerabilidad de los derechos y a la propia integridad física de las mujeres, siendo estas las más afectadas por la violencia en general. Nada puede garantizar la vida de las personas y más en zonas donde proliferan las pandillas y el acoso a la clase trabajadora se vive a diario. Por décadas, los gobiernos de derecha se hicieron los desentendidos, se lucraron económica y políticamente de la violencia a través de la venta de armas y de las empresas de seguridad,  siendo los dueños de ellas algunos diputados de derecha y exmilitares. Llegando hasta casos extremos donde  negociaban con pandilleros en temas electorales. Por todo esto, no nos dejamos engañar cuando demuestran preocupación hipócrita al denunciar la inseguridad, olvidando que esta echó raíces profundas en sus gobiernos, y que no hicieron nada por resolverla, sino que la agravaron con sus políticas erradas.

Actualmente, el Gobierno del FMLN no ha podido resolver de manera integral este flagelo de inseguridad, se implementan políticas públicas de prevención y de “cacería de brujas”, como lo dijo el vicepresidente de la república cuando visitó dos días después la Colonia Montreal. Se financia la “seguridad” a través de los préstamos a organismos internacionales, y se implementan nuevos tributos regresivos que afectan directa e indirectamente a la clase trabajadora, cuando se podría en su lugar obtener recursos de evasores de impuestos y buscar nuevos métodos para combatir este problema junto con la PNC. Como ya hemos explicado en otras ocasiones, las verdaderas causas de la delincuencia y los altos niveles de violencia tienen sus raíces bien ancladas en las condiciones precarias a las que nos somete el sistema capitalista, por tanto, las medidas que se deberían de aplicar sobre este problema tienen que ir enfocadas en primer lugar a disminuir la semana laboral con el objetivo de incorporar a los desempleados a la producción, la elevación constante a los salarios acordes al coste de la vida, y la inversión estatal en áreas básicas como educación, salud, viviendas y recreación para todos los explotados.

El reto es enorme, los trabajadores de salud de los ECO Familiares siguen pidiendo traslados a otros lugares donde ellos consideran que no corren peligro, las cifras aumentan con el paso del tiempo lo que significa que el problema se agudiza cada vez más. Dichos trabajadores al ser traslados dejan puestos vacantes, desperdiciando plazas que por temor otros profesionales tampoco quieren tomar.

Este tipo de acontecimientos nos muestran el carácter inviable al que ha llegado la sociedad, ante este problema al parecer sin solución desde el punto de vista de la burguesía y desde la visión reformistas y obtusa de las direcciones estatales actuales, debemos luchar por la transformación de las instituciones del viejo Estado insertando progresivamente la vinculación con las comunidades, barrios y colonias, conformando comités integrados por personal del sistema de salud, policías y comités organizados de autodefensa en las comunidades, que garanticen la seguridad del personal técnico y la atención médica a las poblaciones hasta donde hoy han podido llegar los ECO Familiares. El Gobierno está en la obligación de garantizar el derecho a la salud de todos los trabajadores, y un gobierno de izquierda no puede simplemente agotar las facultades de las viejas instituciones y cruzarse de brazos ante los problemas o peor ofrecer palo a todo. Un gobierno revolucionario debe impulsar siempre el poder creativo que la clase trabajadora puede darle a esas viejas instituciones caducas y decadentes, esta es la única forma de superar el impase.

¡Seguridad garantizada para la clase trabajadora!

 



[i] [i]“Salud mantendrá a los promotores, pese a la inseguridad en comunidades”. Link de la noticia:   http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/350360/salud-mantendra-a-los-promotores-pese-a-la-inseguridad-en-comunidades/