¿QUÉ PRETENDE LA “COOPERACIÓN ESTADOUNIDENSE” CON EL GOBIERNO SALVADOREÑO?

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Autor: 
Henry Martí

La palabra cooperación es usada coloquialmente como un valor ético que forma parte de un comportamiento esperado por las personas para con los demás. Esta se define como el trabajo en equipo, en el que las partes cooperan una serie de actividades para lograr algo en común. En síntesis, lo que debería motivar la cooperación entre las partes es el fin común, sin embargo, a veces, quien coopera no lo hace por solidaridad con el que necesita, más bien lo hace por aprovechar la necesidad del otro para obtener a cambio más de lo que el cooperante dará.

Entre los Estados es normal, en el capitalismo, que, a pesar de la igualdad jurídica pregonada en el derecho internacional, unos sean más fuertes que otros, generalmente esta fuerza coincide con la capacidad de las economías en las que los Estados “gobiernan”. Los Estados capitalistas, generalmente buscan beneficios para los que poseen grandes riquezas, buscan mejorar los negocios y los resultados de estos, y para eso usan diferentes mecanismos, entre ellos, la deuda a los Estados con menos
recursos y la “cooperación” a cambio de la cual, los Estados con menores recursos se comprometen sin mucha resistencia, generalmente a hacer más fáciles los negocios extranjeros, aunque esto signifique autorizar el  uso a discreción de los recursos de estos países, incluyendo a las personas que habitamos en ellos.

¿Qué es FOMILENIO II?

Los Fondos para el Desarrollo del Milenio son recursos provistos por el gobierno estadounidense al Estado salvadoreño, para alcanzar mejores condiciones (más de las que ya tienen) para los negocios del capital estadounidense y de los aliados locales. Es regla general que cuando alguien gana es porque otro u otros pierden, en este caso no es diferente. FOMILENIO II tiene tres componentes: clima de inversiones, educación e infraestructura. En esta entrega expondremos el primer componente y las consecuencias de su implementación. A cambio de los 277 millones de dólares que “donará” el gobierno estadounidense, y los 88.2 millones que pagaremos, el gobierno salvadoreño se compromete a las siguientes acciones:

Aprobación de la Ley de Asocios Públicos-Privados. Esta ley permite a los empresarios administrar recursos del Estado, a cambio de un contrato que firman ambos. En este sentido, los pocos bienes que aún son públicos, pueden ser entregados para ser usados como negocios. Entre estos bienes, en planes de ser privatizados en la práctica se encuentran: “El GOES ha identificado 7 proyectos prioritarios para que sean apoyados por FOMILENIO II. Estos son: Aeropuerto de Ilopango, Terminal de Carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador (AIESMOARG), Zonas económicas extra-aeroportuarias del AIESMOARG, Parque Tecnológico de Zacatecoluca, Iluminación, Video vigilancia y Foto multa en tramos de carreteras estratégicas, Paso fronterizo en La Hachadura, y Parque eólico en Metapán”.

La pregunta básica es ¿Quién pagará el costo de los servicios que brindan estos bienes? La respuesta es clara, las pagaran las y los trabajadores de esas instituciones y quienes hacemos uso de los servicios.

Las prestaciones laborales de los empleados disminuirán al nivel de las prestaciones mínimas que tienen los empleados de las empresas privadas y posiblemente los precios de los servicios o productos incrementen, además que el Estado no percibirá ingresos directos a sus arcas. Estos proyectos se han hecho públicos, pero esta Ley permite privatizar instituciones como ANDA, y el servicio de distribución de agua, el ISSS convirtiéndolo en una empresa más de seguros privados y la Universidad de El Salvador, acabando con la educación pública superior. La amenaza existe, y los primeros en defender las conquistas en estas instituciones, seguramente serán los trabajadores organizados, pero no podrán hacerlo solos, deberán explicar a la clase trabajadora en su conjunto la necesidad de defender el carácter público del agua, la salud y la educación.

Hasta este momento, por diversas razones el gobierno no ha aprobado ninguna concesión, pero las presiones por parte de los ejecutores de este programa, representantes de la burguesía, continúan. La crisis financiera del gobierno del FMLN y la falta de una perspectiva clara sobre como maniobrarla, así como la poca disposición de recuperar los recursos privatizados anteriormente, han llevado al gobierno a aceptar estas medidas y poner en riesgo importantes recursos que sirven a la población y al Estado mismo.

Un sector de la militancia del FMLN está claro de esto, sin embargo, no se ha logrado aún coordinar acciones efectivas que lleven al gobierno a pasar de una situación de contingencia, o defensa, a una situación ofensiva que pueda dar a la clase trabajadora medios de producción privatizados anteriormente. El primer paso para detener el peligro de privatizaciones son las nacionalizaciones, la organización de la clase trabajadora es clave, y la discusión de este tema al interior del partido, también lo es. 

Como marxistas del FMLN hacemos el llamado a la militancia para debatir este peligro y coordinar un plan de lucha en defensa de las empresas públicas y por la nacionalización de lo privatizado, como un primer paso para acabar con la dominación de los capitalistas nacionales y extranjeros.