Minería, agua y otros problemas

“El agua vale más que el oro, no a la minería metálica”, esta es una de las diferentes consignas en torno a un tema que en El Salvador fue recurrente por más de una década, consigna con la cual los habitantes de los departamentos de Cabañas, Chalatenango, La Unión y San Miguel con diferentes organizaciones sociales hacían un llamado a la conservación de la vida y la protección del medio ambiente.

El  29 de marzo de 2017 en El Salvador sucedió un hecho histórico para un país ex colonial en el que poco o nada se hace para la protección del medio ambiente ante la amenaza de las grandes empresas internacionales representantes del gran capital. Pues a más de una década de incontables luchas de la población civil, con el apoyo de diferentes asociaciones, El Salvador le dio un rotundo NO a la minería metálica, mediante la promulgación de la Ley de Minería Metálica, en la cual se prohíbe bajo cualquier concepto la implementación de la minería metálica en el país, debido a sus efectos adversos e irreparables a la salud, a la flora, la fauna y al agua particular y mayoritariamente. Esto convirtió a El Salvador en el primer país a nivel mundial con un veto hacia dichas prácticas.

Pero la lucha aun no ha terminado pues empresas como Oceana Gold -antes Pacific Rim- a un año de la vigencia de la Ley de Minería Metálica, ha vuelto a promover su llamada “minería verde”, término que resulta burlesco ante la población salvadoreña, dado que este se refiere a la implementación de prácticas “sostenibles” y que causen un mínimo impacto en el medio ambiente, pero que en la realidad siguen sin tener efectos positivos en el mismo.

La minería verde es un engaño a la población, además de ser un concepto que ha demostrado ser inexistente debido a que en países en que se ha implementado ha resultado ser un verdadero fracaso, ante esto y las condiciones actuales de El Salvador bajo ningún concepto la minería en cualquiera de sus formas es una opción. No obstante, debemos estar alertas ante la posible victoria del candidato por el partido Arena para la presidencia de la república, el empresario Carlos Calleja quien aspira a un gobierno que poco o nada velaría por los intereses de las clases menos privilegiadas, y quien además se ha pronunciado en sus redes sociales a favor de la prohibición de la minería metálica en El Salvador, ya que cabe la posibilidad que de llegar al Ejecutivo exista el peligro de una derogación de la ley, por intereses de las clases dominantes en El Salvador. Pero el peligro no solo recae en él en su candidatura, o en los intereses de las clases dominantes nacionales sino mas bien en sus amigos extranjeros interesados en la explotación minera y principales impulsadores de estas prácticas: Carlos Slim, Frank Giustra, y el ex presidente estadounidense Clinton, quienes solo velan por sus propios intereses monetarios y podrían ser las principales influencias para la derogación de la ley. Ante la amenaza latente de un regreso de la minera metálica, la población civil y las organizaciones sociales no podemos quedarnos indiferentes ante las posibles reformas, de carácter educativo, económico, salud o medio ambiental que puedan surgir el próximo año, sobre todo con un órgano Legislativo dominado mayoritariamente por partidos de derecha. Es deber de todos y todas el velar porque las autoridades correspondientes del cumplimiento de la Ley de minería actúen en coherencia con la misma. Así como también exigir ante la Asamblea Legislativa la pronta promulgación de una Ley general de agua en beneficio de toda la población salvadoreña, ya que esta es de carácter urgente debido a que los últimos acontecimientos en torno al tema del agua nos reflejan un panorama que no resulta para nada agradable.

Con la quiebra de ANDA y la carente Ley de Agua que aprobó la Asamblea Legislativa una privatización del agua no sería algo lejano, es por ello que como pueblo salvadoreño debemos salir a las calles a luchar por nuestro derecho a la vida y a la salud, pues el agua no debe ser un privilegio, ni una mercancía, si no un derecho que debe ser protegido y tener libre acceso para toda la población, por lo tanto, pensar en una privatización y comercialización de la misma resulta indignante e impensable.

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