Las pensiones salvadoreñas

Actualmente está en debate la cuestión de las pensiones. El gobierno ha presentado una propuesta para reformar este sistema. La constitución de la república dice claramente que todos tenemos derecho a una pensión digna, pero claro, las constituciones son pedazos de papel que dicen muchas cosas bonitas las cuales en la práctica no se cumplen.

Actualmente está en debate la cuestión de las pensiones. El gobierno ha presentado una propuesta para reformar este sistema. La constitución de la república dice claramente que todos tenemos derecho a una pensión digna, pero claro, las constituciones son pedazos de papel que dicen muchas cosas bonitas las cuales en la práctica no se cumplen. Cuando se privatizó el sistema de ahorro para pensiones administrado por el INPEP (Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos) se nos hizo creer una sarta de mentiras. Eran los años de las privatizaciones o dicho de otro modo de las políticas neoliberales que la burguesía imperialista impulsó y obligó a implementar en los países dependientes.

Como siempre las burguesías locales con su comportamiento subordinado al imperialismo, fueron los alumnos mejor aplicados. Sea porque obtuvieron un beneficio directo al adueñarse de activos estatales o le sirvieron en bandeja de plata a las transnacionales negocios jugosos tal y como podemos verlo con las pensiones actualmente.

Todos recordaremos (¡deberíamos!) los gobiernos del partido ARENA, desde Cristiani, Calderón Sol, Francisco Flores y por último Tony Saca. Los tres primeros implementaron las privatizaciones salvajes. Despidieron miles de trabajadores. El discurso era que el Estado es corrupto y mal administrador por naturaleza y por lo tanto habría que dejar en manos de la empresa privada, -a la cual se le atribuyen todas las bondades que uno se pueda imaginar-, cualquier negocio o servicio estatal. Así el Estado se debe dedicar solamente a vigilar que las cosas funcionen “bien”.

Lo primero que uno se pregunta es lo siguiente: si los empresarios son muy buenos administradores, ¿porque no administraron bien el estado que estaban dirigiendo en su momento? Recordemos que Cristiani y Calderón Sol son grandes empresarios que, supuestamente, han tenido mucho éxito con sus empresas. Se creía que por ser ricos, no tenían necesidad de robar. Sin embargo, igual que cualquier ratero se aprovecharon de sus cargos para aumentar sus fortunas utilizando métodos muy sofisticados. Cristiani, por ejemplo, implementó la privatización de la banca quedándose con el Banco Cuscatlán que luego pasó a manos transnacionales.

En los medios de comunicación encontramos un sinfín de artículos y estudios “técnicos” que demuestran que las pensiones están mejor en manos privadas. Curiosamente los responsables de estas investigaciones tienen vínculos directos o indirectos con las empresas administradoras de fondos de pensiones. Hay muchos millones de razones para que insistan tanto en esto.
Solo en El Salvador, las ganancias acumuladas de las AFPs en el período 2000 – 2014 suman más de $252 millones. A esto hay que sumar las utilidades de las compañías de seguros (invalidez y muerte) que suman en el mismo periodo $234 millones, haciendo un total de $486 millones, dinero que sale del sudor de los trabajadores y que va a parar al bolsillo de los dueños de las AFP: City Bank y Banco Agrícola (Bancolombia) y también a las empresas aseguradoras.

Entre sus argumentos principales están que el nuevo sistema garantizaría pensiones más elevadas. Totalmente falso, ahora podemos ver que se siguen dando pensiones de hambre, el 78.3% de los pensionados reciben una pensión entre $507.00 y $207.00, de estas alrededor de 24 mil personas reciben una pensión menor a $207.00. Solamente una pequeña minoría (8218 personas) recibe pensiones superiores a $806.7 (Ibídem). Esta capa es la que se opone a cualquier propuesta de reforma de las pensiones, claro sus condiciones de vida son muy superiores a la gran mayoría de pensionados.

Otro de los argumentos para justificar la privatización y el rechazo a cualquier propuesta estatal que vaya en el sentido de nacionalizar, aunque sea parcialmente, las pensiones es la supuesta ineficiencia del sector público. En su estudio denominado “Privatización de las pensiones, crisis del pueblo y Estado salvadoreño: Un negocio lucrativo para la Empresa Privada” (Ibídem), se nos demuestra técnicamente que esto es una falacia. En realidad, los costos de gestión (administración) de las AFP son mucho más elevados que los del INPEP, en otras palabras la institución pública es más eficiente que las privadas.
Por último, los promotores de la privatización nos planteaban que el sistema público estaba quebrado y que por lo tanto las pensiones no estaban aseguradas. En el siguiente cuadro podremos comprobar que esto era falso:

Acá podemos apreciar en la columna de totales, fila 7 que en el año 1997, un año previo a la privatización el sistema público tenía una acumulación de utilidades de más de $74 millones solo de los últimos 4 años. Como podemos observar el sistema público solamente necesitaba algunos ajustes para garantizar su sostenibilidad. Pero a las elites solamente les interesa privatizar.

El sistema privado maneja cuentas individuales, su lógica es el individualismo, es decir, sálvese quien pueda. Por esta razón quienes tienen salarios elevados seguramente recibirán una pensión elevada, en cambio, los que tenemos bajos salarios, tendremos una pensión de hambre. En el sistema de capitalización colectiva, todo va a un fondo común. Su lógica es la solidaridad donde los cotizantes jóvenes aseguran los fondos necesarios para las personas que se van jubilando.

Como en nuestro país la mayoría de las personas en edad de trabajar son jóvenes, 63,7% son menores de 30 años, mientras que el 11% tiene 60 años o más según la encuesta de hogares de propósitos múltiples del año 2012. Esto significa que con algunos ajustes las pensiones manejadas por una institución pública pueden estar aseguradas. El problema de fondo es que los cotizantes con respecto a la Población Económicamente Activa (PEA) es muy bajo, esto significa que la mayoría de la población no tiene ninguna posibilidad de recibir una pensión en su vejez, en otras palabras el débil capitalismos salvadoreño no puede garantizar ni siquiera un trabajo digno a la mayoría de la población mucho menos una pensión. Aunque lográramos nacionalizar las pensiones nuevamente, debemos tener claridad que en el capitalismo no estarían aseguradas.

¡Por la nacionalización de las pensiones!

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