El debate sobre la privatización del recurso hídrico sigue estando sobre la mesa, los partidos de la derecha siguen con su iniciativa privatizadora. Sobre esta política nefasta se ciernen dos intenciones claras: 1. Cumplir con los dictámenes del FMI y el imperialismo norteamericano que presiona para que el Estado puede tener una solvencia económica sin caer en crisis financiera y 2. La necesidad de los diputados de cumplir con los mandatos de sus financistas, nacionales e internacionales, azucareros y productores de bebidas embotelladas para hacerse dueños de los recursos naturales y generar ganancias.

La crisis del sistema ha sido brutal para toda Latinoamérica y una de las principales formas de resolver las dificultades económicas que enfrentan los estados a nivel internacional a consecuencia del estancamiento económico, es vendiendo las empresas estatales a los capitalistas para obtener beneficios inmediatos. Esta situación es la que ha impulsado toda una ola privatizadora en Latinoamérica e incluso en países europeos como Grecia y España, los recursos más desprotegidos o los más amenazados han sido siempre el agua y la producción de energía. Estamos en un tira y encoge entre la clase dominante (empresarios nacionales y transnacionales) y las clases desposeídas (trabajadores, desempleados, campesinos pobres, estudiantes, etc.)

Los diputados de ARENA en una serie de movimientos parlamentarios están buscando la forma de privatizar el servicio del agua, por ejemplo en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa el 05 de junio del presente año, desecharon la Ley General de Aguas defendida por organizaciones sociales que tenía aprobada ya 92 artículos por la legislatura (2015-2018) por una nueva propuesta de ley denominada Ley Integral de Agua, presentada por ARENA, que incluye un Ente Rector para el recurso que en su mayoría estaría conformado por empresarios de la ANEP y COMURES quitándole el poder de decisión al Estado a través de la autónoma ANDA para decidir sobre el recurso.

ARENA ha recurrido a la demagogia para decir que están en contra de las privatizaciones, pero la verdad es que sus diputados en el parlamento siguen impulsando medidas disfrazadas para privatizar de la forma que sea el servicio. Los empresarios azucareros no han invertido en campañas areneras por gusto, sino para que sus leyes e intereses sean defendidos por sus diputados de derecha en la Asamblea. Hipócritamente han declarado que apoyaran la iniciativa de reformar el artículo 69 de la Constitución de la República para garantizar el derecho humano al agua, el cual hasta hoy no está contemplado en la Constitución, una actitud totalmente hipócrita cuando en dos legislaturas han negado sus votos rotundamente para aprobar esta reforma que afectaría las ganancias de sus amos los cuales hacen negocios con el agua pero que beneficiaria a los más desposeídos.

También desde la Comisión de Hacienda han aprobado el dictamen para la reforma al artículo 3 de la Ley de ANDA.  La reforma evita poder hacer cobros por servicios no prestado por parte de ANDA, lo cual es una medida buena que debió ser impulsada mucho antes en el parlamento, y que ahora está siendo utilizada para justificar la incapacidad de ANDA, generando la confusión en la opinión pública sobre quien realmente está defendiendo los intereses de los más pobres del país, esto es claramente una jugada demagógica. El fondo de la iniciativa es completamente contrario a los intereses del pueblo. Como dice el dicho el camino hacia el infierno está empedrado de buenas intenciones. Si seguimos la línea de las reformas, nos damos cuenta que la derecha también está proponiendo establecer un equipo técnico externo a ANDA que pueda definir las tarifas de los servicios, lo cual le quita la potestad a la autónoma y deja abierta la intervención externa al Estado. Todo esto bajo el argumento de que las instituciones estatales, en este caso ANDA, hacen cobros excesivos y brindan un pésimo servicio. Similares acusaciones se hicieron con el sistema de pensiones, la banca y las telecomunicaciones en el pasado. No podemos enfocarnos en las pequeñas particularidades de los movimientos de los diputados privatizadores, todas estas reformas están preparando el camino para el descrédito de ANDA y para la pronta privatización del Agua por la vía que sea.

Nosotros los trabajadores debemos estar conscientes de que si bien es cierto ANDA no brinda el servicio que merecemos, por el limitado presupuesto que se destina a la administración acompañado a los problemas de corrupción y la mala gestión de la autónoma la administración privada nunca será opción. La medida revolucionaria que debemos impulsar ante estas deficiencias del servicio actual es luchar por un control obrero comunitario del agua, tal y como ya lo hacen algunas comunidades. Más del 35 % del agua es administrada por organizaciones comunitarias en el país, que con un buen plan estatal podría extenderse por todo el territorio salvadoreño, generando una participación activa de la sociedad en la administración de sus recursos.

Esto ultimo muestra que la solución de esta problemática no está en la privatización de los servicios públicos, al contrario, ya hemos sido testigo de que este tipo de “soluciones” no conducen más que a la desmantelación de las empresas estatales, trayendo consigo crisis (INPEP), corrupción (CEL-Enel, banca nacional), despidos y reducción de las prestaciones sociales de los trabajadores, los únicos beneficiados de estas medidas son los empresarios capitalistas.

La clase obrera de la región centroamericana, pero especialmente la clase obrera salvadoreña, fue víctima de una primera ola privatizadora de los servicios estatales, nos privatizaron la banca, las telecomunicaciones, las pensiones, la distribución eléctrica, etc., en una ofensiva inédita que no tuvo mayor resistencia, esta fue la expresión de la desmoralización del movimiento ante las derrotas del pasado y la caída de la unión soviética que se expresó de manera frustrante para el movimiento revolucionario a nivel mundial. Pero al inicio del siglo la situación cambio, vimos movimientos revolucionarios ofensivos que detuvieron las privatizaciones en Costa Rica por ejemplo que en el año 2000 a través de una fuerte huelga obrera y movilizaciones de masas de hasta 50 mil personas en la capital evitaron la privatización del servicio eléctrico y las telecomunicaciones, así también en Honduras las masas detuvieron la privatización del agua formando la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular. En el país se detuvo la privatización de la salud en el 2001 a través de la movilización de masas.

Ahora ha surgido la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua que es la heredera de toda una tradición, no solo salvadoreña sino también centroamericana, de la lucha en contra de la privatización de los servicios públicos. Hasta hoy la Alianza ha logrado la unidad del movimiento en lucha en una serie de acciones coordinadas, desde la movilización del 16 de junio que tuvo un carácter masivo, las protestas coordinadas en las fronteras y en la Coca Cola S.A de C.V. en Nejapa, la toma de los portones de la Asamblea Legislativa el jueves 23 de agosto y la movilización hacia la ANEP el 30 de agosto, entre muchísimas otras acciones al interior del país.

Han sido manifestaciones muy buenas que han puesto en el orden del día la situación de la defensa del agua. La tarea de la Alianza es elevar el nivel de conciencia de los más pobres del país, esto puede llevarse a cabo aumentando su intervención en todos los sectores de la sociedad a través de todas las organizaciones que la conforman, establecer vínculos con grupos de acción en el ámbito estudiantil, sindical y comunitario para coordinar acciones de lucha. Llegar incluso a donde no hay organización y llamar a la organización combativa y a la movilización constante.

La derecha seguirá presionando por la privatización, lo único que por ahora lo ha detenido es la intervención de la Alianza en las calles, la burguesía le teme al potencial de la Alianza por eso se encarga de atacarla, como lo hizo en la última semana de agosto, acusándola de “terroristas” y de “grupos fachadas del FMLN”, lo cual es una falsedad. Hay un abismo de diferencia entre la política del FMLN como partido de izquierda a la política combativa y el carácter de clase que ha desarrollado la Alianza. La Alianza ha permanecido desde su formación luchando en las calles presionando a los diputados del FMLN y a todos en general para que defiendan los intereses de los más pobres. El intento de vincular a la Alianza con el FMLN no es más que el intento de vincular el fracaso y el desprestigio de la política del gobierno del FMLN con el movimiento de masas que se está desarrollando de manera independiente en la Alianza. Esta independencia ha sido la fortaleza más audaz de la Alianza, su oposición a la privatización del agua, a los Asocio Publico Privado (APP) y la política de las Zonas Económicas Especiales son la muestra más clara de una política revolucionaria y de clase.

Desde el BPJ y como parte de la Alianza, creemos que se debe aumentar la intensidad de la lucha convocando a una semana de lucha escalonada previa al 27 de septiembre, día que se está convocando a una gran movilización que culminará frente a la Asamblea Legislativa con la entrega de un millón de firmas exigiendo el cese a los intentos de privatización de la derecha. Confiamos en que todo el potencial de la Alianza se vera materializado en esta acción masiva; la inestabilidad política del país que se expresa en los partidos políticos, solo es el reflejo de una situación convulsiva que se está gestando por debajo de la superficie, es algo que tarde o temprano se expresara de una manera u otra, debemos canalizarlo por líneas revolucionarias.

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