La decisión de los cines en El Salvador de cancelar el estreno de la película Nuestra Libertad, que narra la vivencia de mujeres salvadoreñas que sufrieron complicaciones obstétricas y/o abortos espontáneos por lo que fueron condenadas de hasta 30 años de cárcel, ha sido reaccionaria. La película ha sido presentada en más de 50 festivales internacionales, pero fue cancelada en todas las salas de cine del país a petición de grupos conservadores “pro-vida” y líderes de las iglesias.
El Salvador es uno de los pocos países que criminaliza el derecho al aborto bajo cualquier circunstancia, esto lo convierte en uno de los peores países en materia de derechos para las mujeres, con un marco jurídico reaccionario y opresor. Sumado a esto el sistema de salud nacional no brinda las condiciones necesarias para garantizar una salud integral a las mujeres, un estudio de ORMUSA señalaba que:
“Datos del Ministerio de Salud indican que a julio de 2021, se registran 22 casos de mortalidad materna, entre ellas una adolescente de 16 años, originaria de Sensuntepeque, Cabañas, que falleció a causa de la hemorragia consecutiva al aborto involuntario o a consecuencia de un embarazo ectópico (cuando el óvulo se implanta fuera del útero). En total, 4 mujeres (el 18%) fallecieron por embarazo ectópico o causas similares solo en el período de enero a julio de 2021.
“La pandemia del Covid 19 ha significado el aumento de muertes maternas en el país, a juzgar por los datos del año 2020 y primer semestre de 2021, como puede verse en el gráfico. En 2020, según datos del Ministerio de Salud (MINSAL), las muertes maternas aumentaron 70.36%, en comparación con el año 2019, cuando se reportaron 27 al cierre del año. A julio 2021, se registra un aumento del 37% al comparar enero -julio de 2019 previo a la pandemia y una disminución del 24% al comparar el mismo periodo de 2020, cuando ya el país enfrentaba el covid 19. El 50% se concentra en cinco departamentos: San Salvador, Morazán, La Libertad, La Paz y Chalatenango”.
Estas no son cifras alentadoras para el presidente de un país que se jacta de tener el mejor sistema de salud de Latinoamérica. El acceso a salud reproductiva está muy lejos de las zonas más pobres del país, dando como resultado que las mujeres en zonas rurales y obreras sean las que más sufren las consecuencias de un sistema de salud precario y un sistema penal reaccionario. En las últimas décadas mas de 30 mujeres que tuvieron abortos espontáneos por complicaciones obstétricas han sido ajusticiadas con penas exageradas, porque aunque la ley dice que el aborto puede tener una condena de 2 a 8 años, el sistema judicial se ensaña con estas mujeres, a quienes no las condenan por aborto sino por homicidio, con penas de hasta 30 años de prisión.
Los casos más emblemáticos han sido conocidos internacionalmente y son presentados en la película Nuestra Libertad dirigida por la cineasta suiza salvadoreña Celina Escher; esta divulgación necesaria sobre las condiciones de vida de las mujeres empobrecidas respecto a sus derechos sexuales y reproductivos en el país ha sido cancelada por las fuerzas conservadoras que emprendieron una campaña de cancelación.
La protagonista de la película es Teodora del Carmen Vasquez quien después de recuperar su libertad se convirtió en una incansable luchadora activista feminista por la despenalización del aborto. Teodora fue condenada a 30 años de cárcel en 2008, acusada del homicidio de su hijo que nació muerto por complicaciones obstétricas, pero para la Corte fue un asesinato y se le condenó a una pena drástica, sin embargo, gracias a la lucha organizada de grupos feministas y a la presión pública, en 2018 su pena fue conmutada por la Corte, 10 años y 7 meses después de que se le condenara.
El 21 de febrero la Revista Factum publicó: “La Corte Suprema de Justicia (CSJ) le conmutó la pena de 30 años de cárcel porque “existen razones poderosas de justicia, equidad y de índole jurídicas que justifican favorecerla con la gracia de la conmutación”. El dictamen favorable, fechado el 31 de enero de 2017, aceptó las razones expuestas por la Agrupación ciudadana por la despenalización del aborto, quien solicitó el 18 de noviembre de 2015 el beneficio para Teodora Vásquez.
La Corte sólo corrigió la plana al tribunal que condenó a Vásquez. La deuda pendiente del Sistema Judicial es reconocer, atendiendo el fallo de la Corte, que irrespetó el principio constitucional de presunción de inocencia, razón por la cual Vásquez estuvo diez años y siete meses viviendo en situaciones precarias en cárcel de mujeres. No es la primera vez que la CSJ conmuta una pena a una mujer condenada por la misma razón, a la misma pena y por el mismo tribunal. A Isabel Cristina Quintanilla se le conmutó la pena de 30 a tres años de cárcel, en 2009, “por razones de justicia y equidad y por considerar que la pena era excesiva, severa, desproporcionada e injusta”.
El estreno en las salas de cine en El Salvador estaba previsto para el 18 de agosto, pero el 14 de agosto diferentes agrupaciones conservadoras y reaccionarias, dirigidas por Sara Larín y otras instituciones antiderechos del país pidieron a los cines la suspensión del estreno por atentar contra los valores de la sociedad salvadoreña. Tras una rabiosa campaña con mentiras y difamaciones, los cines decidieron cancelar su estreno, argumentando que aunque los denunciantes carecían de fundamentos, se veían en la obligación de cancelar debido a que en El Salvador no hay seguridad jurídica debido al régimen de excepción.
Los argumentos de los cines no son consistentes, demuestran que están a favor de una hipocresía moral que condena a las mujeres más pobres a sufrir lo peor del sistema machista y patriarcal, se le niega el derecho a las mujeres pobres a mostrar su realidad y la violencia sistemática que sufren. Condenamos a los grupos reaccionarios por su rabiosa campaña anti derechos y la actitud de las cadenas de cines y el Estado que han mantenido un total silencio ante la violación del derecho a la libertad de expresión. Libertad de la que tanto se jacta de no violar el presidente Bukele.
El régimen de excepción está siendo tapadera para las grandes corporaciones del entretenimiento para negar el derecho de representar a través de esta película la situación de las mujeres pobres, que han sido víctimas de un sistema inhumano que las ha condenado a la muerte o a las cárceles por no acceso a salud sexual y reproductiva, y a salud integral y gratuita en general. Mientras sean solo mujeres pobres y oprimidas las que mueran en los partos o padezcan la prisión en las cárceles se les seguirá negando el derecho a contar su historia, la de las oprimidas. En El Salvador mientras las mujeres pobres mueren o van a la cárcel, las ricas abortan libremente.
La única forma de acabar con la barbarie de este sistema es luchando por una sociedad completamente diferente, donde los derechos de las mujeres y demás sectores oprimidos y explotados sean garantizados. Esto solo se puede conseguir de forma organizada y unificada, los días para conseguir nuestras justicias se están acercando cada vez más, tenemos que organizarnos cuanto antes y hacer valer nuestra voz.
