Guatemala - Principales - 18 mayo, 2019

Elecciones en Guatemala: prórroga a un sistema deteriorado

Guatemala, uno de los tres países del convulso triángulo norte de Centroamérica, ha comenzado un nuevo proceso electoral general en el cual se espera elegir el próximo 16 de Junio al presidente(a) y vicepresidente(a) de la república, así como a 160 diputados(as) del congreso, 20 diputados(as) al Parlamento Centroamericano y 340 corporaciones municipales para el período 2,020 – 2,024.

El panorama para la población guatemalteca es realmente incierto y nada alentador después de haber apoyado al actual presidente Jimmy Morales a llegar al poder y atestiguar la conversión de éste demagogo “luchador contra la corrupción” en un aliado de la oligarquía y los militares corruptos, incluso dadas algunas muestras de autoritarismo por parte del presidente, algunos analistas y movimientos sociales llegaron a temer y manifestarse en contra de la cancelación de las próximas elecciones, con lo cual Morales buscaría perpetuarse en el poder al estilo de Daniel Ortega en Nicaragua o Juan Orlando Hernández en Honduras. Finalmente las elecciones se han programado para Junio, y el proceso de inscripción de candidatos (as) y la campaña ya están en marcha, aunque con significativos atropellos por parte de la partidocracia corrupta hacia la “legalidad democrática”.

Guatemala, un país desangrado después de 36 años de guerra en la segunda mitad del siglo pasado, debió trascender más allá de los acuerdos de paz de 1996 y aplicar la justicia a los autores de tantos desmanes y abusos cometidos en nombre del Estado, pero esa justicia llega a cuentagotas. “Con los años, los grupos de poder tradicionales no perdieron ni un milímetro de sus privilegios, y las nuevas fuerzas económico-políticas crecidas a la sombra del Estado contrainsurgente de décadas pasadas allí siguieron invariables. La situación de la gran masa trabajadora también siguió igual, es decir: mal pagada y excluida”[1]. Los mandamases de siempre que ostentan el poder económico y político en Guatemala han mantenido una lucha férrea contra las instancias judiciales que han intentado investigar y condenar los actos de corrupción y represión que han estado a la orden del día. Todos estos ataques han sido contra los trabajadores, los  campesinos y la población indígena.

El año 2015 marcó un punto de inflexión en la convulsión social guatemalteca, el descontento y hartazgo hizo a la población emprender una cruzada contra la corrupción que aceleró la salida del poder del expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti inmersos en una red de corrupción. Sin embargo, la movilización social carecía de un programa político revolucionario definido e incluso analistas hoy afirman que el movimiento estaba lejos de ser genuino porque las fuerzas oscuras manipuladoras de siempre lo dirigían, entre ellas la embajada de Estados Unidos y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, (CACIF)1 es decir la gran empresa privada.

Esas condiciones objetivas hicieron posible la llegada del cómico Jimmy Morales a la presidencia con el eslogan “ni corrupto ni ladrón”, lo cual despertó grandes expectativas en las masas sobre la mejora de sus condiciones de vida. No obstante el remedio salió peor que la enfermedad. La justicia encontró que un hermano y un hijo del presidente habían cometido fraude simulando ventas de servicios al Estado y que el mismo presidente y su partido habían sido financiados ilícitamente durante la campaña que lo llevó a la presidencia. De tal forma lo que ha seguido durante su gobierno han sido los mismos males del colonialismo y capitalismo que llevan siglos azotando a la sociedad guatemalteca: la mentira y la manipulación, la corrupción y la impunidad, las cuales el presidente ha llegado a declarar que son cosas normales en Guatemala.

Corrupción partidaria e intervención judicial en la campaña

En ese contexto económico y político de caos desesperanzador el país se aproxima a elegir una nueva administración tanto a nivel ejecutivo como legislativo que realmente será más de lo mismo. De los 28 partidos que se presentarán en las elecciones 11 están señalados o siendo investigados por diferentes delitos, principalmente financiamiento ilícito en la campaña electoral del 2015, asociaciones ilícitas y corrupción.

Entre ellos se destacan la candidata presidencial de Sandra Torres (exesposa del expresidente Alvaro Colom), quien junto a 4 diputados y 2 alcaldes del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) están siendo investigados por los delitos mencionados anteriormente. Asimismo ha sido presentada una solicitud de antejuicio contra el candidato presidencial del partido Fuerza, Mauricio Ratford por los delitos de falsedad material e ideológica y encubrimiento propio. Por otra parte la hija del exdictador Efraín Ríos Montt, Zury Ríos quien ya se presentó como presidenciable en las elecciones de 2015, a pesar que la Constitución de la República de Guatemala establece que ex-dictadores o sus hijos(as) no pueden optar a la presidencia, ha vuelto a ser inscrita como candidata en el Tribunal Supremo Electoral gracias a un nuevo recurso de amparo de la Corte Suprema de Justicia que ordena que se admita la candidatura de Ríos, dicho amparo sólo puede ser eliminado por la Corte de Constitucionalidad, algo que en 2015 ésta corte no realizó.

Por su parte el partido oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) presentará como candidato a diputado a Samuel Morales, hermano del actual presidente, a pesar de que el candidato atraviesa un proceso judicial por fraude, que en realidad abarca a todo el partido y que ha sido el origen de la tensión entre el gobierno, la CICIG y el Ministerio Público. Este hecho nos dice todo, la corrupción sigue campante en el sistema guatemalteco. El trasfondo del panorama electoral es realmente una lucha por el poder entre las corporaciones extranjeras quienes han tenido a su favor a la CICIG y las instancias judiciales y por el otro lado la burguesía local que se apoya en los militares y la casta política corrupta.

Como parte de este proceso de disputas por el poder surge la figura de Thelma Aldana exfiscal de la república y quien a través del movimiento Semilla, intenta también buscar la presidencia del país, a pesar que el actual Ministerio Publico ha abierto un proceso de investigación en su contra e incluso una orden de captura por contrataciones irregulares mientras presidió la fiscalía. Aldana se encuentra en El Salvador mientras su equipo de campaña gestiona un amparo ante la CSJ y la Corte de Constitucionalidad para que se admita la candidatura de la exfiscal. Son los procesos judiciales, las acusaciones, denuncias y el actuar de los jueces y magistrados, lo que absorbe la agenda electoral y lo que a la larga también puede determinar los resultados de los comicios, esto también facilita que los partidos no se vean exigidos a presentar programas con soluciones creíbles para cambiar la situación de la nación guatemalteca.

La mayoría de candidaturas son de derecha, “cuya oferta conservadora, según se logra divisar, propugnará por mantener y reproducir el actual modelo de acumulación de capital, caracterizado por la producción de materias primas y por su exportación basada en ventajas competitivas como el saqueo de los recursos públicos y nacionales (presupuestos públicos, fuentes de agua, minerales), la expansión del monocultivo y de su paquete tecnológico de agrotóxicos, los salarios de hambre, la negación de los derechos laborales, la captación de los flujos financieros producto de las remesas y el lavado de dinero, entre otras. Un modelo cuyo resultado histórico es la reproducción de la miseria, la desnutrición, la expulsión de la juventud, el desempleo, la violencia y la represión[2].

Según las encuestas las aspirantes con mayor intención de voto son 3 mujeres de los partidos de derechas, Sandra Torres (UNE) con el 17%, Thelma Aldana (Movimiento Semilla) con el 11% y Zury Ríos (Valor) con el 8%. Debido a la gran cantidad de candidatos en la contienda (22) es altamente probable que no haya ganador(a) definitivo(a) en primera vuelta, si esto sucede habrá una segunda vuelta el 11 de agosto que enfrentaría a las fórmulas presidenciales con mayor cantidad de votos en el primer resultado.

La izquierda guatemalteca en las elecciones

Los partidos de izquierda de Guatemala, entre ellos Libre, Winaq, Convergencia, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) se encuentran enfrentados entre sí por contradicciones secundarias y superficiales que se convierten en obstáculo que imposibilita su alianza para presentarse a las elecciones en frente único y representar una opción de peso para los votantes. Como afirma Marios Sosa[3] en vez de agredirse entre sí la izquierda debería levantar una campaña radical para combatir de raíz los problemas estructurales del país.

De los partidos de izquierda mencionados anteriormente sólo el MLP cuenta con una base popular de campesinos forjada arduamente en organizaciones comunitarias. El MLP es el brazo político del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), y en marzo pasado proclamó a la lideresa indígena Thelma Cabrera, defensora de los derechos humanos de origen maya mam, como candidata a Presidenta de la república. Las principales propuestas del movimiento son la nacionalización de la energía, reducción del salario de los funcionarios, revocabilidad para los funcionarios corruptos, lucha frontal contra la corrupción y promover una asamblea constituyente popular y plurinacional.

La vanguardia revolucionaria guatemalteca debe guiarse por las ideas del marxismo para dirigir a las masas trabajadoras y campesinas en la lucha contra los intereses de la burguesía nacional y del capitalismo internacional para conquistar el poder y construir una sociedad socialista y democrática para liderar el desarrollo en la región centroamericana.


[1] Gazeta.gt. Guatemala. Elecciones: ¿más de lo mismo? Por Marcelo Colussi. 12/02/2,019.

[2] NODAL, Noticias de America Latina. Guatemala: Derechas e izquierdas en las elecciones 2019. Mario Sosa 21/02/2019.

[3] Antropólogo político. Investigador en el Instituto de Investigación sobre Proyección del Estado de la Universidad Rafael Landívar y en FLACSO-Guatemala.

 

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